En medio de sus investigaciones y denuncias por el caso Corpesca, los fiscales Ximena Chong y Julio Contardo pidieron al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago (Región Metropolitana) que se formalizara a la empresa como persona jurídica para indagar si contaba con medidas para la prevención de delito como exige la Ley 20.393, y si estas funcionaron en el período en que ocurrieron los hechos.
En el escrito del Ministerio Público, presentado por ambos persecutores, se estipula que «los hechos en materia de la imputación se corresponden con los delitos reiterados de los artículos 1° y 3° de la Ley 20.393, respecto de la conducta descrita en el Artículo 250 del Código Penal en relación con los artículos 248 y 248 bis del mismo cuerpo normativo citado, cometidos en el domicilio de la imputada entre los meses de diciembre de 2009 y mayo de 2013».
Luego de analizar la solicitud, el tribunal dictó este miércoles una resolución fijando para el día lunes 3 de octubre, a las 09:00 horas, la audiencia donde deberá comparecer como persona jurídica el representante legal y gerente general de Corpesca, Arturo Natho Gamboa.
Tras conocer la decisión del juzgado de garantía, la principal pesquera del grupo Angelini respondió -a través de una declaración emitida este jueves 1 de septiembre- que el escrito presentado por la Fiscalía «está relacionado con los hechos que el mismo ministerio (Público) imputó a quien se desempeñó como gerente general de Corpesca hasta mayo de 2013 (Francisco Mujica), que son de público conocimiento y que están siendo investigados, respecto de los cuales la empresa como tal es absolutamente ajena».
Corpesca sostiene que el procedimiento de la Fiscalía, al solicitar esta audiencia judicial, no tiene que ver con el delito de soborno, sino que «tiene como propósito notificar que existe una investigación tendiente a dilucidar si, en la época en que sucedieron los hechos, la compañía contaba con las medidas de prevención requeridas por ley».
En esta línea, la pesquera asegura que ha «aportado al Ministerio Público los antecedentes que demuestran que contaba con dichas medidas y, por ende, daba cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.393, por lo cual, la empresa está a la espera de conocer los cargos que se le formulen con el objeto de ejercer su derecho de defensa».