Un primer paso dio el proyecto iniciado en moción que establece un plazo para que se haga efectivo el pago a micro y pequeñas empresas (mipymes). Esto, luego que la Comisión de Economía del Senado aprobara la idea de legislar en su última sesión.
El texto en primer trámite consta de un artículo único, por lo que podía ser despachado tanto en general como en particular, sin embargo en la ronda de audiencias, diversos expositores plantearon mejoras al contenido, parte de las cuales serían recogidas por los congresistas por medio de indicaciones.
Ahora se espera que la Sala de la Cámara Alta autorice a dicha comisión a que se presenten estas disposiciones hasta el lunes 24 de octubre.
«Esa fecha fue propuesta por los legisladores. La idea es trabajar el articulado y una vez aprobado, que este sea visto por la Sala», puntualizó el comunicado emitido por el Senado, donde se detalló que en la última sesión de esa instancia congresista se escuchó al director ejecutivo de la Comunidad Empresarial de Micro, Pequeños Empresarios y Emprendedores (ProPyme), Rodrigo Bon; a la abogada de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Cecilia Flores; y la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza.
Todas las empresas
Tras la cita, el presidente accidental de la comisión, el senador Eugenio Tuma, reconoció que se trata de una iniciativa que genera consenso, de allí que fuera aprobada la idea de legislar; sin embargo, hizo ver la necesidad de hacer algunos cambios al texto original.
«Estimamos que sería conveniente hacer que esta ley corra para todo tipo de empresas, no solo para las micro y pequeñas». La idea, aclaró Tuma, es que no se generen discriminaciones que desfavorezcan aún más a las pequeñas en un mercado asimétrico. Así se busca que la ley obligue a todo tipo de firmas, independiente de su tamaño, a pagar a sus proveedores de bienes y servicios dentro de 30 días.
Una opinión similar manifestó la senadora Lily Pérez, quien valoró la aprobación en general. «El debate fue interesante porque conocimos las versiones de las pequeñas y las grandes empresas. Por ejemplo, se nos planteó crear un registro de malos pagadores para perseguirlos. Esto hay que estudiarlo en el debate en particular», precisó.
Uno de los acuerdos que adoptó la comisión fue enviar un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el que se indique cuántas pequeñas y medianas empresas (pymes) se han creado en los últimos dos años. La intención es ver el efecto que ha tenido el pago fuera de plazo en la capacidad de emprender, considerando que esta práctica se ha ido agudizando con el tiempo.
Obligación por ley
El representante de ProPyme aclaró que cuentan con más de 50.000 miembros en todo Chile. Respecto a la norma, reconoció que los cambios impulsados por la reforma laboral han contribuido a disminuir los síntomas de una enfermedad. «Con los nuevos beneficios son miles las empresas que han postergado el pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que es una consecuencia de la cancelación fuera de plazo de los servicios prestados. Esto es positivo, pero no basta. Queremos que por ley se obligue a pagar cuando corresponde», insistió.
Rodrigo Bon comentó que hace dos semanas llevaron a cabo entre sus socios una encuesta que medía el nivel de satisfacción con el sistema económico y las condiciones del sector. «Los resultados han sido categóricos porque la mayoría se declara pesimista con el entorno y duda que la situación mejore. A su vez, todos identifican como el principal problema el pago fuera de plazo», aseguró.
En cuanto a cambios que podrían realizarse al proyecto, Bon aplaudió que se fije un lapso de 30 días y se impida que se negocie otra fecha de pago. «Una idea que podría incorporarse en las indicaciones es que aquellas empresas que no cumplan la ley, no puedan hacer negocios con el Estado», puntualizó.
Falta de datos
La Sofofa, en tanto, citó el informe final de la «Estrategia para Financiamiento de las Pymes y el Emprendimiento», documento elaborado por empresarios y especialistas, en el que se señalaría que no hay datos que avalen que las pymes se ven afectadas por el pago de servicios fuera de plazo.
«No podemos saber la magnitud de este problema, de allí que buscar soluciones legales es difícil. Desconocemos de datos que nos permitan decir cómo se ven afectadas las pymes, y de qué manera se genera esta cadena de errores que llevan a la cancelación irregular», sostuvo la abogada gremialista Cecilia Flores.
En defensa del sector industrial, planteó que en el año 2007 las cadenas de supermercados generaron un documento para establecer las condiciones de pago a los proveedores, lo que iría en la línea del proyecto en estudio. De igual manera, recomendó a los legisladores solicitar informes del tema a la Comisión Nacional de Productividad y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) respecto a las consecuencias que podría tener una medida como esta en la tasa de interés.
Gestión de reclamos
Por su parte, ChileCompra comentó que 125.000 proveedores del sistema corresponden a micro y pequeñas empresas. «Las ventas de este sector llegaron a poco más de US$2.000 millones en el primer semestre de este año. A su vez, generaron 1,76 millón de órdenes de compra», apuntó Trinidad Inostroza.
En cuanto al pago oportuno, Inostroza relató una serie de esfuerzos que se han realizado desde el Gobierno para minimizar los plazos de pago de las instituciones públicas, desde la emisión de una circular el 2006 hasta el año 2014 cuando el programa Chile Paga pasó a ChileCompra.
«Estimamos que en marzo de 2017, la Contraloría podrá emitir una base de datos que dé cuenta del incumplimiento de pago de los municipios, que son por lejos los peores pagadores del sector», adelantó Trinidad Inostroza, complementando que se ha desarrollado un programa de gestión de reclamos de las pymes. «En el 2015, se registraron 15.000 reclamos en contra de 107 órganos del Estado. Se hizo seguimiento y un 44% de los casos resultaron exitosos», concluyó la timonel de ChileCompra.