La Mesa Directiva de la Cámara Baja decidió postergar hasta la próxima semana la sesión donde se procederá a votar la admisibilidad del proyecto que busca anular la Ley de Pesca y que fue ingresado por un grupo de diputados del Partido Comunista, del Partido por la Democracia (PPD) e independientes.
Los legisladores argumentan que la llamada «Ley Longueira» fue tramitada bajo la influencia de cohecho por parte de las empresas pesqueras al senador de la UDI, Jaime Orpis, y a la ex diputada Marta Isasi. En este sentido, solicitan a los congresistas apoyar la iniciativa, buscando así revertir la declaración de inadmisibilidad que realizó la secretaría legislativa.
La diputada Cristina Girardi (PPD) precisó que la iniciativa busca la nulidad y no la derogación, ya que esta última medida «obligaría a indemnizar a las empresas beneficiadas con la concesión de la legislación con los derechos presentes y futuros, por un monto cercano a los US$10.000 millones».
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) enfatizó que el objetivo de las «empresas no es la seguridad alimentaria de las personas, sino maximizar sus ganancias»; mientras que Gabriel Boric subrayó que el problema no es técnico, «porque no se va a solucionar por algo que diga el IFOP (Instituto de Fomento Pesquero), la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por su sigla en inglés) u otro organismo. El problema es si el gobierno, si la Nueva Mayoría está dispuesta o no a legitimar una ley de estas características», argumentó el diputado independiente por la Región de Magallanes.
Gino Bavestrello, quien es dirigente del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), complementó que la «Ley Longueira» dejó a la totalidad de los pescadores no dueños de embarcaciones «sin derecho a capturar los recursos». Añadió que por eso quieren que se anule «esta ley corrupta, porque nos quitó todos los derechos».