Chile saltó a la fama como líder en conservación marina al proteger por ley el 40% de su maritorio. Sin embargo, de la declaración a la implementación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) hay un largo camino no andado, principalmente por falta de financiamiento que se requiere para hacer gestión efectiva, déficit que según cálculos de WCS Chile, alcanza el 98%.
Para abordar los desafíos que los compromisos adquiridos conllevan, este jueves 22 de noviembre se llevó a cabo el seminario “Alternativas de financiamiento para la conservación de ecosistemas y recursos marinos”, convocado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y WCS Chile, con el apoyo de la Walton Family Foundation, el que convocó a casi un centenar de personas del mundo público, académico, financiero y de organizaciones no gubernamentales (ONG).
En la oportunidad, Diego Flores, del Departamento de Áreas Protegidas del MMA, anunció que en el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuestos 2019, el Ejecutivo envió una indicación para un aporte presupuestario adicional de $200 millones para la gestión de AMP, lo que, si bien no reduce la gran brecha presupuestaria para la conservación marina, dota al Ministerio de fondos para la gestión de estas áreas, las que están bajo la tutela de diversas entidades del Estado.
«El programa presupuestario conlleva coordinarse con los servicios con competencias en conservación marina, con una visión común que trasciende cada repartición», puntualizó Diego Flores, enfatizando que la ejecución de los fondos deberá incluir la participación de comunidades locales.
Pero la falta de financiamiento para la conservación marina no es un problema del tercer mundo. Según Stefan Gelcich, de CAPES Universidad Católica de Chile, el 95% de las áreas protegidas a nivel mundial no cuentan con planes de manejo, básicamente por falta de recursos para la gestión, monitoreo y vigilancia.
Gelcich abordó modelos de negocios para incentivar la conservación de biodiversidad, con pilotos en Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB), en donde la pesca artesanal puede ser un aliado a los objetivos de conservación, si es que se considera sus intereses y percepciones y se construyen necesarias confianzas en el diseño del plan. El objetivo es conservar en lugares productivos, que es donde se concentra la biodiversidad; contar con zonas de no pesca dentro de un área de manejo pesquero y optimizar así el beneficio para ecosistema y sector productivo, que cuenta con más y mejor producto.
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También desde las regiones, el encargado de ecosistemas marinos y borde costero de la Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Ricardo Catalán, explicó la experiencia de desarrollar un programa de protección del AMCP Isla Grande de Atacama, con las complejidades que conlleva la conservación de un área de alto valor natural y cultural pero expuesto a la amenaza de asentamientos, ralis y contaminación. Con ingenio detrás del objetivo de valoración cultural, gobernanza local, monitoreo y supervigilancia, el programa se adjudicó aportes de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el que les ha permitido llevar a cabo divulgación, investigación y diversos planes de manejo.
Fondos ambientales, la mirada internacional
Los fondos ambientales son recursos que se invierten estratégicamente en la conservación de las áreas naturales, pueden contar con un fondo patrimonial y generar intereses que derivan en más conservación.
La Red Pacífico es una plataforma de coordinación conformada por cuatro fondos ambientales de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, y busca movilizar y administrar recursos financieros para la implementación de acciones de conservación de los recursos marino-costeros del Pacífico Este Tropical (PET). Estos países, ricos en biodiversidad y en oportunidades de conservación, han desarrollado exitosamente este modelo.
Carlos Chacón, de la Red Pacífico, habló sobre el rol y las oportunidades de los fondos ambientales para alianzas público-privadas en conservación marina, con una mirada de colaboración y coordinación con los gobiernos, pero con independencia tanto las vicisitudes de la política como de los donantes.
Sobre potencial de impacto y el uso de nuevas tecnologías expusieron Diego Rigo-Righi y Manuel Moller de PICParks, mostrando cómo plataformas como esta pueden incorporar el aporte directo de personas y empresas a iniciativas de conservación diversas, por medio de proyectos que pueden, por ejemplo, enfocarse en un objeto de conservación por el cual un área protegida marina es aprobada, y cumplir así con el objetivo de conservación de la misma.
En el marco del seminario, Claudia Silva, de WCS Chile, presentó el informe “Pasos hacia la sustentabilidad financiera de Áreas Marinas Protegidas de Chile”, el que aborda no solo los obstáculos para el financiamiento de AMP sino también las oportunidades de instalar una política integral, completar la reforma de la institucionalidad ambiental, desarrollar una estrategia financiera en base a lineamientos públicos, concretar reformas legales y establecer alianzas entre distintos actores para el fomento de la innovación que aporte el desarrollo y aplicación de alternativas para pensar en un futuro azul.
Figura del informe “Pasos hacia la sustentabilidad financiera de Áreas Marinas Protegidas de Chile”, elaborado por WCS:
