Un llamado a la autoridad a aplicar las sanciones que correspondan, en caso de ser halladas culpables, contra de las empresas investigadas por casos de harina de pescado ilegal, pero a no olvidar que detrás hay cientos de trabajadores y sus familias, realizó Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip), organización que representa a trabajadores pertenecientes al Sindicato de la Pesquera Bahía Coronel, investigada en este caso.
«Carlos Rivera Burdile, presidente del Sindicato de Trabajadores Bahía Coronel y su directiva me han transmitido su incertidumbre por lo que podría pasar. Temen que si sancionan a la empresa caducando sus operaciones perderán el empleo», expresó la líder de la Fesip.
Por ello, se reunieron con el director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos, a quien manifestaron su «mayor condena a estas prácticas, pero le hicimos ver que no es adecuado pedir ‘las penas del infierno’ para la empresa, toda vez que en ella laboran unas mil personas que quedarían en la calle si se determina el cierre de la pesquera en caso de ser hallada culpable», subrayó Silva, precisando que la respuesta del director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) fue que, «desde el punto de vista legal, hasta este minuto no hay impedimento para que la empresa opere y procese pesca, lo que nos deja tranquilos ya que el 21 de octubre se levanta la veda de sardina y anchoa», complementó Juana Silva.
Además, sostuvo que si tribunales determina que es culpable, la compañía deberá asumir su responsabilidad por la grave acción, pero «no hay que olvidar que hay otros problemas de fondo: el sobreesfuerzo artesanal. Hay un exceso de lanchas artesanales que necesitan vender su pesca; así como también hay fiscalizadores que permiten que estas acciones ilegales se cometan». Por tanto, subrayó, «ahí hay un tema que la autoridad debe regular».