(La Tercera) Con fecha 5 de junio, el Ministerio Público solicitó a la contralora subrogante, Patricia Arriagada, enviar a la fiscalía copias de todas las presentaciones efectuadas a la entidad por el senador Jaime Orpis durante el período entre 2009 a 2015.
En la solicitud del ente persecutor se pide información referida «especialmente al pronunciamiento legal solicitado por el senador» en junio de 2009, y que -según precisa-, motivó el dictamen de Contraloría N°68001 del 7 de diciembre del mismo año.
Tal como detalllan los registros enviados a la fiscalía, dicho dictamen tiene relación con el decreto que en 2008 el Ministerio de Economía estableció en relación con las cuotas globales anuales del jurel.
Junto con los senadores de la época Carlos Cantero y Fernando Flores, Orpis solicitó al entonces contralor Ramiro Mendoza que la entidad verificara el «procedimiento empleado» -dice el escrito- para la fijación de dicha cuota.
En consecuencia, al responder el requerimiento de los legisladores, Mendoza determinó que el decreto «no se ajustó a derecho», por cuanto «no efectuó la estimación individual y separada de la cuota global», sino que realizó una evaluación del recursos jurel como «un solo stock».
Por entonces, tanto Orpis como algunas pesqueras del norte, reclamaban que el cálculo de las cuotas de captura debía hacerse tomando en cuenta las diferencias migratorias y de madurez reproductivas del jurel que se presentan en el norte y sur del país.
En su pronunciamiento, el contralor estableció que «la autoridad competente deberá disponer lo necesario para que la distribución de la cuota global anual de captura del jurel del sector industrial, se lleve a efecto atendiendo al procedimiento expuesto».
En abril de 2010, durante un debate en el hemiciclo del Senado, Orpis citó el dictamen de Mendoza.
Desde mayo pasado, la fiscalía investiga una eventual existencia de cohecho, luego de constatar pagos irregulares desde Corpesca al senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En la indagatoria, la fiscalía ofició al Congreso para conocer las votaciones del senador durante la tramitación de la Ley de Pesca.
Si bien Orpis y su defensa reconocen la existencia de pagos desde el grupo Angelini -cerca de $230 millones entregados a cambio de boletas de terceros- descartan que el senador haya actuado en favor de la pesquera.
Su defensa, a cargo de los abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, sostiene que los fondos fueron solo aportes de campaña. Incluso, explican, su representado votó a favor de licitaciones sobre las cuotas de pesca, a las que específicamente Corpesca se oponía.
Sin embargo, según registros, el 2 de junio de 2009, en momentos en que pedían el dictamen de Contraloría, Orpis presentó un proyecto de ley para aumentar la cuota de extracción.
«Llama la atención que existiendo jurel en abundancia en la macro zona norte, se haya fijado una cuota tan baja de extracción», dice el proyecto del senador.
Tiempo después, en diciembre de 2010, el entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, también se quejaba de la cuota global de extracción del jurel, que el Consejo Nacional de Pesca -basado en la escasez- redujo en 78% para 2011: «Aquí hay una inercia de diez años de historia con el 10% y que el subsecretario, en un gesto realista, lo subió (en 15% para el norte). Pero en estas cifras tan paupérrimas no nos sirve de nada», dijo en entrevista.