(Radio Bío-Bío) De oficio, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación respecto de eventuales delitos en que hayan incurrido los responsables de la producción ilegal de las 7.500 toneladas de harina de pescado decomisadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
La medida la decretó el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, tras el análisis de los antecedentes recopilados sobre la incautación del producto en bodegas de Coronel y Cabrero, avaluadas en cerca de $11.000 millones.
La investigación, abierta de oficio, quedó radicada en la Fiscalía de Coronel, y será liderada por el fiscal Julio Sánchez, quien deberá decretar las diligencias tendientes a establecer la eventual comisión de ilícitos así como los posibles responsables.
La decisión del Ministerio Público fue bienvenida por Raúl Morales, presidente de la Federación de Trabajadores de Plantas Procesadoras, gremio que ha abogado por un esclarecimiento del tráfico de harina de pescado.
Abogados consultados por Radio Bío-Bío y expertos en temas pesqueros sostuvieron que de las pesquisas de la Fiscalía podría desprenderse un delito tributario, porque competentes de las infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) son los juzgados civiles, que ya deberían haber recibido los antecedentes de parte del Sernapesca.