Barricadas, neumáticos quemados, destrucción de cámaras de vigilancia, fueron algunos de los incidentes que ayer martes 22 de julio protagonizaron grupos de pescadores artesanales en la zona central del país, principalmente en las ciudades de Coquimbo (Región de Coquimbo) y en San Antonio (Región de Valparaíso), donde en esta última incluso un bote resultó incendiado.
Durante las manifestaciones, los pescadores solicitaron un trato diferente y, en el caso puntual de la jibia, «entender que se trata del último recurso marino que queda en el cual no existe la intervención de los productores industriales», subrayó el presidente de la Federación de Pescadores Nuevo Amanecer, Miguel Angel Hernández, quien no descartó nuevas protestas en las mencionadas regiones, además de la del Biobío.
Ante estas movilizaciones, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) reaccionó con dureza y calificó la jornada como «actos de presión inaceptables que solo buscan adueñarse de un recurso que es fundamental para el funcionamiento de la industria».
En este sentido, el presidente del gremio, Luis Felipe Moncada, puntualizó que solo en Coronel y Talcahuano (en la Región del Biobío) más de 800 familias de personal de planta y embarcado, y otras 1.200 familias dependen indirectamente del recurso.
«El sector artesanal sabe que en la captura de la jibia perfectamente podemos participar todos los actores, bajo el régimen de 80/20, pero insistir que este recurso solo pueda capturarse con ‘línea de mano’ es dejar por secretaría fuera al sector industrial, ya que para los barcos pesqueros este es un arte imposible de utilizar”, argumentó el presidente de la Asipes.
El ejecutivo ahondó que tampoco es viable la propuesta que las capturas del sector industrial vayan al procesamiento de harina y las del sector artesanal a consumo humano: «Legalmente no es posible hacer harina con captura de jibia, eso todos lo sabemos ya que está por decreto destinada en su totalidad a consumo humano, que es lo que los pescadores industriales quieren precisamente elaborar”, apuntó.
Por otra parte, afirmó que lo que captura el sector artesanal no es materia prima adecuada para las plantas de proceso industrial que envían productos a mercados de exportación, debido a que este recurso requiere de altas condiciones sanitarias, de manipulación cuidadosa del producto, rapidez de la operación, cadena de frío, trazabilidad y volúmenes continuos de abastecimiento. «Es decir, si alguien piensa que entregándole la jibia al sector artesanal las plantas industriales igual operarán todo el año, es un tremendo error”, enfatizó Moncada.
Finalmente, el presidente de la Asipes advirtió que dejar fuera a su sector significa la paralización de cinco plantas en la Región del Biobío, de varios barcos que están operando y la pérdida de más de 800 puestos de trabajo directos. En consecuencia, significaría el fin de la actividad de las plantas de procesamiento para las cuales hoy día la jibia es una materia prima esencial.
Personal embarcadado
En tanto, el personal embarcado de la Región del Biobío -compuesta por capitanes, motoristas y tripulantes-, que está representado por los dirigentes Juan Carlos González, Eric Rifo y Hugo Roa, comentó a AQUA que se debe dejar nula la distribución que se generó en el anterior Gobierno.
«Lo que dicha determinación ha generado es una bomba de tiempo que hoy le explota en las manos a la actual administración, amenazando la gobernabilidad de nuestro sector. Tenemos conciencia que cualquier distribución que hoy se genere, y que aunque involucre a todos los actores, no estará verdaderamente justificada por estadísticas, argumentos sociales o económicos», subrayó el personal embarcado de trabajadores de la pesca industrial del Biobío.
Argumentaron que deben primar los argumentos biológicos científicos «que a lo largo de toda la comunidad pesquera internacional son ya conocidos, y es que la jibia es en realidad un depredador, que no tiene competencia; y por otro lado, el de la justa distribución, que se mida a través del esfuerzo real de cada uno de los actores con las correspondientes certificaciones, por parte de la autoridad que sea la base de la distribución y que se termine esta discusión que solo trae desentendimiento para quienes compartimos áreas de pesca y socialmente estamos conectados a través de relaciones familiares y de amistad».
En este sentido, pidieron a la autoridad liberar la cuota de jibia, «bajo el argumento real de que es un depredador, y a través del esfuerzo medido en un tiempo de tres años se establezca el fraccionamiento, de una forma justa y equitativa basada en el esfuerzo medido en este tiempo (…) No debemos olvidar que en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet se compromete claramente a: ‘En el ámbito de la pesca debemos velar porque los instrumentos legales cautelen los intereses y demandas de todos los sectores involucrados, con una preocupación especial por aquellos más vulnerables’. Y como por todos ya es bien sabido, la vulnerabilidad siempre es sinónimo de trabajadores, sean estos artesanales o industriales», concluyeron los dirigentes González, Rifo y Roa.