(Estrategia) Compleja es la situación que atraviesa la industria pesquera nacional. Es que las cuotas de captura permitidas por la autoridad se redujeron prácticamente a la mitad en cada una de las especies, a causa de la sobreexplotación que han sufrido en los últimos años, y ahora un grupo de senadores presentó una indicación para que además, en el marco de la reforma que impulsa el Gobierno, las grandes compañías suban en más de siete veces sus tributos al Fisco.
Fin al subsidio encubierto
Lo anterior apunta a terminar con el eventual subsidio que el Estado entrega a la gran industria pesquera y con esto, se espera recaudar más de US$143 millones.
La presentación realizada en compañía del representante de las plantas de procesos de consumo humano y gerente de la Pymepes A.G, Alfredo Irarrázaval, apunta a terminar con la diferencia que pagaron en promedio sus asociados en la licitación del 1% del jurel ocurrida este año que ascendió a $52.524 por tonelada en contraposición con lo pagado por la gran industria pesquera que ascendió a solo $12.118.
Por esto, “la ley propone cambiar la fórmula de cálculo del impuesto específico indexándolo al valor de sanción (valor de mercado) y que estará dado en el futuro por los precios pagados en las subastas de las licencias clase B”. Esto será de competencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y se regirá por las disposiciones del Código Tributario.
Irarrázaval puntualizó que “este impuesto específico se contradice con el interés del Gobierno de contar con una ley de equidad tributaria que provea recursos frescos para terminar con las desigualdades en el país”, recordando que en la actualidad “si proyectamos lo sucedido con el jurel a la cifra de 1.500.000 toneladas de pesca de la gran industria pesquera, esta recibe un subsidio encubierto del orden de US$110 millones”.
Profundizando la crisis
Ante esto, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis, afirmó que la industria pesquera no recibe subsidio alguno del Estado, y que mientras “no conozcamos la indicación ni las bases de cálculo, no tenemos nada que opinar. Hay que esperar a ver en qué consiste esto”.
Sin embargo, fuentes del sector aseguran que de concretarse ese cambio, lo que ocurrirá es que se continuarán paralizando plantas de proceso, y por ende, aumentarán los despidos, detonando una nueva ola de profundización de crisis tras las fusiones y adquisiciones múltiples del pasado. Incluso, algunas empresas de menor tamaño podrían caer en quiebra.
El grupo más afectado por la crisis pesquera, que se mantendría por los próximos años de acuerdo a estimaciones del Gobierno, es Angelini que mediante Corpesca cuenta con 529.000 toneladas de recursos permitidos para capturar en 2014, y que a través Orizon suma 92.000 toneladas junto con la familia Lecaros Menéndez.
También serán golpeados los empresarios Eduardo Fernández, Francisco Cifuentes y Jan Stengel, que manejan los rumbos de Camanchaca, compañía que cuenta con casi 203.000 toneladas de recursos. Blumar, de los Sarquis y los Yaconi-Santa Cruz, tiene 108.000 toneladas.
La alianza entre Alimar, de los Menéndez, y la noruega Foodcorp, cuenta con 68.000 toneladas en recursos, Landes de los Fosk y Bohorodzaner con 24.000 toneladas, la japonesa Emdepes con 15.000 toneladas, la firma nórdica Lota Protein con 7.000 toneladas, la española PescaChile –que está en venta-, con 3.000 toneladas, Mar Profundo donde participa Domingo Arteaga con 3.000 toneladas y Grimar de los Del Río con 2.000 toneladas. El resto de las cuotas, son controladas por agrupaciones de armadores.
Impuestos y patentes 2014
Por otro lado, la estimación inicial de pago de impuesto específico es de más de $8.464 millones para el año 2014, lo que si se suma a los casi $4.493 millones que cancelarán en patentes las pesqueras que operan en Chile, da un total de unos $12.957 millones, es decir, casi US$23 millones, lo que es mucho menor a los sobre US$30 millones que se esperaban recaudar en el marco de la denominada “Ley Longueira” para ser parte de las arcas fiscales.
No obstante, como este monto precisado por parte de la autoridad no debe exceder un 40% de lo pagado por concepto de patente única pesquera en el ejercicio 2012, el valor del impuesto específico disminuyó y quedó en $7.680 millones.
Sin embargo, al considerar que a Corpesca le quedó un saldo de $1.611 millones de sus aportes al Fondo de Investigación Pesquera (FIP) durante 2013 –que se utiliza a modo de crédito para este tipo de cancelaciones-, y a Foodcorp de $179 millones, el pago de impuesto específico para el año en curso será de aproximadamente unos $5.890 millones en el listado global.