El viernes 29 de enero, un total de 235 trabajadores con contrato indefinido perdieron su fuente laboral en las plantas de proceso de las comunas de Quemchi y Ancud (Chiloé, Región de Los Lagos) de la salmonicultora Cermaq Chile; despidos que se deben, según aseguró la compañía, a la baja de producción esperada para la temporada 2016-2017.
Los trabajadores afectados mantenían vínculo estable en funciones relacionadas al faenamiento y producción de valor agregado de salmón Atlántico, trucha y salmón coho producidos por la empresa en las regiones de Los Lagos y de Aysén.
Al conocer la noticia, la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón (Conatrasal) sostuvo este lunes 1 de febrero que hace semanas los ejecutivos de la empresa desmintieron -ante consulta de los dirigentes sindicales- los rumores de despido.
El presidente de la Conatrasal, John Hurtado, quien el 19 de enero participó del seminario organizado por la CUT donde se analizó la actual coyuntura del salmón, subrayó que el Gobierno «apuesta a que las personas desvinculadas vivan del seguro de cesantía, lo que no es así ya que muchos de estos trabajadores lo hacen por obra y faena, donde el horizonte de trabajo no alcanza a cubrir dicho seguro».
En ese sentido, el gremio aseguró que el fin de las relaciones laborales también afecta a un número importante de temporeros -contrato a plazo fijo-, los cuales sumarían cerca de 700, es decir, el total de trabajadores que dejarán de desempeñarse en la salmonicultora será de alrededor de 930. Esta información fue confirmada desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Los Lagos, sin embargo aún no se ha entregado una cifra exacta.
Reconversión laboral
En la CUT Llanquihue fueron más allá y pidieron la disolución de la Mesa del Salmón que preside la secretaria regional ministerial (seremi) de Economía, «por incompetencia en el logro del objetivo de evitar cesantía en el sector». Lo que se necesita, añadió la CUT, «es un Gobierno Regional (GORE) ágil porque los grandes perdedores son los trabajadores despedidos, quienes ni siquiera alcanzan a entrar a un plan de capacitación de reinserción laboral».
La Central Unitaria de Trabajadores provincial ahondó que el GORE debe gestionar con la Subsecretaría del Trabajo un subsidio laboral por 18 meses equivalente al ingreso mínimo para los trabajadores desvinculados. «Los fondos deben ser canalizados por la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de cada municipio para tener efectividad en la administración del recurso», pidieron desde la CUT Llanquihue, que dijo estar reuniendo mayores antecedentes del caso y «generando la articulación social para contrarrestar los efectos de estos despidos».
En Cermaq, en tanto, aseveraron que se ha definido la implementación de un Programa de Reconversión Laboral que busca apoyar a sus ex trabajadores en esta etapa. «El programa considera entrega de información de utilidad sobre las herramientas existentes para esta nueva fase, junto con un levantamiento de intereses, con el fin de implementar capacitaciones orientadas a la reconversión laboral, para lo cual se han destinado los recursos necesarios», concluyó la salmonicultora ligada a la japonesa Mitsubishi.