En cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la Subpesca publicó este jueves 31 de abril el informe sobre el estado de situación de las pesquerías correspondiente al año 2015.
El estudio cuenta por primera vez con la determinación de Puntos Biológicos de Referencia (PBR), información que fue obtenida a partir de la ejecución de una nutrida cartera de investigación, cuya inversión asciende a $7.967.355.384. Los resultados fueron analizados por expertos nacionales y extranjeros, lo que permitió, según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), «elaborar una radiografía precisa del actual estado de los recursos».
De un total de 43 pesquerías, el reporte establece que en 25 de ellas los diversos Comité Científicos Técnicos definieron el estatus de los recursos en base a los PBR. De este último grupo, siete unidades pesqueras califican en una situación de «plena explotación» o que están cerca de su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).
Para las otras 18 restantes pesquerías, el 72% de las que tienen estatus, el panorama es crítico, ya que nueve están «sobreexplotadas» y un número idéntico se considera «agotada o colapsada», es decir, no tienen capacidad de ser sustentables y sus capturas están muy por debajo de su nivel histórico.
Deterioro
En comparación con el informe emitido el año pasado, destaca el cambio de estatus de la pesquería de merluza de tres aletas que pasó de sobreexplotada a agotada o colapsada, y el langostino colorado que cae al estado de sobreexplotación. El resto de las pesquerías mantienen su estatus respecto al año 2014.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, subrayó que si bien esta radiografía confirma el delicado estado de conservación que presenta una parte importante de los recursos pesqueros de relevancia económica de nuestro país, «también destacamos que el esfuerzo que hemos desplegado en los últimos dos años ha permitido estabilizar el estado de conservación de los recursos analizados».
En esa línea, la autoridad sectorial argumentó que «este esfuerzo ha involucrado recursos del orden de los $7.900 millones en proyectos de investigación para conocer el estado de los recursos en distintas fases biológicas, información necesaria para determinar el Punto Biológico de Referencia de las pesquerías. Y de ese monto más de 340 fueron exclusivamente para la determinación de los PBR. En consecuencia, las medidas que hemos y vamos a seguir adoptando están científicamente respaldadas», aseguró Súnico.
Sobre las razones del deterioro de dos pesquerías, sostuvo que en el caso de la merluza de tres aletas, por tratarse de un recurso con presencia tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico Sur-Este, las medidas que se adopten para su recuperación pueden ser insuficientes por estar determinado por factores que están fuera del alcance de la administración pesquera chilena.
En tanto, el empeoramiento del estado del langostino colorado dice relación con la disminución de la fracción de ejemplares juveniles en el stock explotable, cuyas causas están siendo analizadas por los equipos técnicos.
Súnico también formuló algunas precisiones respecto de las pesquerías que se encuentran agotadas o colapsadas. Según dijo, recursos como el alfonsino y el besugo, no han estado disponibles para su explotación desde hace más de diez años y dado que se caracterizan por una baja productividad biológica su recuperación puede demorar decenios.
Mientras que en el caso de la sardina española, actualmente está afectada por una condición ambiental no favorable y su conducta es bastante cíclica por lo que lo que no necesariamente puede estar sujeta de un plan de recuperación.
Ante este escenario, la autoridad sectorial afirmó que la recuperación de las principales pesquerías constituye el eje de la gestión del Gobierno. «Debemos continuar trabajando en los planes de manejo porque son la instancia donde se definen las estrategias y acuerdos de explotación necesarios para conducir las pesquerías a su Rendimiento Máximo Sostenible», puntualizó.
Pesca ilegal
Del mismo modo, enfatizó que es fundamental avanzar en el combate contra la pesca ilegal ya que es una de las principales amenazas que enfrentan las pesquerías.
En ese sentido, destacó el proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Congreso que, por un lado, fortalece la labor fiscalizadora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y, en segundo término, tipifica como delito la pesca ilegal.
«El Servicio cada día realiza un enorme esfuerzo para combatir la pesca ilegal, pero es indispensable fortalecer las herramientas con las cuales dispone. El proyecto de ley que presentamos como Gobierno apunta a ello y es una muestra del interés que tenemos por enfrentar de manera decidida la pesca ilegal», concluyó Súnico.