Este lunes 30 de agosto, se realizó de manera virtual el taller sobre “Regulación de la salmonicultura en Chile. Análisis a la luz de los derechos humanos”, organizado por el Instituto Danés de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Según lo informado en la ocasión, por encargo del Instituto Danés de Derechos Humanos, la profesora Judith Schönsteiner del Centro de Derechos Humanos de la UDP lideró un equipo responsable de desarrollar una revisión de la normativa aplicable a la industria del salmón en Chile en relación con los estándares internacionales de derechos humanos.
El equipo, integrado por Daniela Ortega, Cristóbal Carmona, Franco Arias y Karla Varas, desarrolló una revisión y estudio sistemático de la normativa ambiental, laboral, sanitaria y algunas políticas públicas relevantes para el sector, trabajo que derivó en el informe denominado “Normativa aplicable a la industria del salmón en Chile: Brechas con los estándares internacionales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos”, el cual fue presentado en el encuentro.
Según lo explicado por Judith Schönsteiner, el estudio se realizó entre marzo y julio del 2020, siendo publicado en julio de 2021 y siendo entregado recientemente a las autoridades estatales a través de consulta por la Política Nacional de Acuicultura. Se aclaró que “no se realizó ningún análisis de casos concretos, empresas concretas o situaciones particulares”.
El objetivo era “documentar la normativa chilena aplicable a la industria del salmón en particular, en materia ambiental, laboral y sanitaria, así como contrastar esta normativa con las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia ambiental, laboral y de derechos humanos”, de acuerdo con la académica.
También se buscó “definir las brechas de regulación y del sistema de fiscalización considerando que el Estado debe adecuar su legislación a los compromisos internacionales que ha adquirido voluntariamente”. Y por último “hacer recomendaciones sobre cómo se podrían cerrar las brechas a través de legislación, mejoras en fiscalización, políticas públicas e iniciativas gremiales o empresariales”.
Para lo anterior, se efectuó un levantamiento y sistematización de estándares internacionales basados en tratados y sentencias internacionales y decisiones de los órganos de supervisión de los tratados de los que Chile es parte. También, entre otros puntos, se analizó la normativa con enfoque de derechos humanos, laborales y ambientales.
De acuerdo con Judith Schönsteiner, algunas conclusiones hicieron referencia a que la certificación de fiscalizadores privados (consultores ambientales) y laboratorios de referencia es importante, pero no reemplaza la actuación más proactiva y eficaz de organismos públicos en su supervisión. También se observó que la normativa y fiscalización en materia sanitaria es más exigente y eficaz que en materia ambiental y laboral, donde “hay brechas importantes con los estándares internacionales”.
Asimismo, el estudio arrojó que el sistema de renovación de concesiones no contiene incentivos eficaces en materia ambiental, al tiempo que se destacó que “la transparencia hacia las comunidades y consumidores es insuficiente, por ejemplo, en temas como planificación territorial, planes de contingencia y sobre residuos veterinarios en productos de consumo en Chile”.
También se entregaron algunas recomendaciones para el Estado, como “revisar los baremos de sanciones para incorporar la probabilidad de ser detectado como parámetro de determinación de las sanciones; mejorar el sistema de fiscalización en cuanto a dotación, recursos e independencia; y mejorar la consulta indígena y la participación ciudadana en la evaluación ambiental”; entre otros puntos.
La visión de los salmonicultores
En el encuentro también participó al presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, quien valoró la realización de este “estudio específico del sector que podrá ayudar a construir un mejor mirar de la industria, de cara al futuro”. Añadió que se espera que esta información, junto a otros estudios que ellos esperan realizar, permita avanzar hacia el mejoramiento de regulaciones y prácticas para optimizar el desempeño del sector.
El ejecutivo destacó también la importancia de que se pueda avanzar en términos de la zonificación del borde costero, con el fin de que se puedan ir resolviendo cuellos de botella que han complicado la operación de la industria en los últimos años. “Fortalecer la zonificación del borde costero resulta un asunto central”, dijo, y recalcó la necesidad de avanzar hacia políticas aún más sólidas, no solo asociadas a una situación en particular, sino que como un elemento permanente de gestión del territorio”.
Por su parte, la asesora jurídica de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile), María Alicia Baltierra, destacó que la industria está instalada en bienes nacionales de uso público y que, desde ese punto de vista, se comprende que hay responsabilidades que pueden topar con temas de derechos humanos y ambientales. En esa línea, destacó los avances que ha tenido la industria los últimos años, aprendiendo de situaciones como la crisis del virus ISA, por el año 2007, y la crisis de Chiloé (debido a la marea roja) en 2016. “Esto llevó a un cambio importante, a un cambio de foco que llevó a tener una nueva mirada”, dijo.
En el caso de SalmonChile, comentó que los hechos mencionados llevaron a “reconocer errores sin matices y generar acciones concretas”, como dar paso a una agenda territorial con programas de vinculación; vinculación efectiva con trabajadores, proveedores y actores sociales relevantes; programas de sustentabilidad y mejor desempeño ambiental; y una política de transparencia y apertura al diálogo.
Descargue aquí el informe: Schonsteiner_et_al.Informe_5.7.2021