«¿Cómo no iban a defender a sus patrones si les pagaban un sobresueldo?», manifestó el gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros del Biobío (Pymepes), Alfredo Irarrázaval, luego que se conociera una nueva arista del caso Corpesca según la cual las empresas y gremios como la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) están siendo investigados por pagarle $70 millones a sus dirigentes sindicales.
«Esto demuestra que esa alianza de industriales pesqueros y trabajadores que por años han vendido a la opinión pública es una pantalla, una farsa y tuvo precio. Estos pagos demuestran que los industriales compran a sus sindicatos para que estos presionen a las autoridades en su favor», aseguró Irarrázaval.
«Antes, durante y después de la aprobación de la Ley de Pesca hemos escuchado a supuestos representantes de los trabajadores de planta y embarcados justificando y trabajando para lograr la entrega gratuita y perpetua de cuotas pesqueras a los grandes industriales. Los hemos oído decir hasta el cansancio que de eso depende su empleo. Está más que claro que todo eso es un invento y un discurso pagado», subrayó el ejecutivo.
El gerente de la Pymepes insistió en que el argumento de que «sin cuotas no hay empleo es un engaño, que con este hallazgo se cayó a pedazos». E insistió en que, por el contrario, «desde que se aprobó la Ley de Pesca la industria ha despedido a más de 3.000 personas, cosa que ningún dirigente sindical admite y ya sabemos porqué».