El gerente general de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros de la Región del Biobío (Pymepes), Alfredo Irarrázavall, manifestó su repudio a la reciente incautación de harina de pescado efectuada a la empresa Bahía Coronel, del Grupo Errázuriz, aseverando que este decomiso desenmascaró la «delincuencia industrial» que existe en algunas empresas del sector que se «enriquecen de manera ilícita», expresó.
El representante de la Pymepes enfatizó que «no se entiende el cómplice silencio de los congresistas tras esta investigación, ya que nadie salió a criticar esta conducta y no hay responsables. Por eso esperamos se sepa estar a la altura de este delito histórico y se persiga la responsabilidad de mando de quien no hizo su trabajo», sentenció Irarrázaval.
El rol del Sernapesca
De igual forma, desde el gremio felicitaron al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) por atreverse a desenmascarar las malas prácticas de la compañía, detallando que «nos devuelve la confianza que tras la nueva ley de pesca todos perdimos en la autoridad. Esta es una buena oportunidad de limpiar la infección que tiene enfermo al sector pesquero de confiar en que las denuncias realizadas al Servicio no serán archivadas sino investigadas», subrayó Irarrázaval.
Finalmente, la Pymepes anunció que durante la próxima semana solicitarán al director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos, una investigación acabada a todas las plantas harineras ya que, de acuerdo con los datos que manejan, «no coinciden los desembarques con las exportaciones», sin dejar de advertir que teme que «también esté ocurriendo subreporte en uno de los recursos más importantes para las pymes, la jibia, donde hacer harina está prohibido», concluyó Alfredo Irarrázaval.