(El Mercurio) Representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas condenaron enérgicamente el fuerte aumento que sufrió el plazo promedio de pagos a las pymes por parte de las grandes empresas. Sus máximos dirigentes acusaron que el retraso puede llegar en algunos casos a 90 días y denunciaron «burocracia» y «malas prácticas», incluso del propio sector público, que las llevan a vivir en una permanente «bicicleta financiera» para mantenerse a flote.
Según reveló este jueves 4 de mayo El Mercurio, sobre la base del Ranking de Pagadores que elaboran la Asociación de Emprendedores y la Bolsa de Productos, el plazo promedio de pago a las pymes subió diez días, pasando de 45,9 días en el último trimestre de 2016 a 56 días en el primer cuarto de este año.
«Expresamos nuestro más profundo rechazo a las malas prácticas de grandes empresas compradoras o mandantes. Si el promedio de los plazos subió a 56 días, para las pymes es mucho más, entre 80 y 90 días, situación que vivimos en toda su crudeza», dijo Juan Araya, presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme). El dirigente afirmó que «dilatar los plazos es una práctica muy fea y éticamente reprochable, que involucra el virtual secuestro de pagos que nos corresponden», e hizo ver que «las pymes no tienen la capacidad de soportar hasta tres meses sin recursos, y se ven obligadas a una ‘bicicleta’ (financiera) permanente para mantenerse a flote».
El presidente de la Confederación Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Microindustria, Servicios y Artesanado (Conupia), Roberto Rojas, calificó la situación como «muy grave». «Nuestra experiencia indica que la demora en los pagos es mucho más de 59 días, teniendo en cuenta el rol gravitante del Estado», subrayó. De hecho, Rojas sostuvo que el sector público tampoco se escapa, y ejemplificó con el sector salud, donde «la demora en los pagos es de 72 días, según ChileCompra, pero nosotros aseguramos que es mucho mayor, llegando a 90 días». En su opinión, este problema no puede atribuirse a la débil coyuntura económica, ya que entre 2010 y 2013, «donde no había desaceleración, (el plazo de pago) pasaba de 52 días».
Gobierno: «No se justifica»
El Gobierno, a través del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, planteó que no puede existir ningún tipo de justificación respecto de un menor crecimiento de la economía en relación con el pago de las obligaciones que una gran empresa tiene con una pequeña. La autoridad instó a trabajar en una agenda que permita disminuir los plazos de pago y destacó dos iniciativas que lleva adelante el Gobierno, como el «acuse de recibo» de una factura en un plazo máximo de ocho días, y una línea especialmente de financiamiento para pymes con el BID.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, dijo que «la situación económica no está buena, y puede haber empresas que están enfrentando dificultades». Pero -precisó- «esas dificultades no se pueden enfrentar atrasando los pagos a los proveedores, porque les causa un grave perjuicio que se aparta de las buenas prácticas que hoy deben existir».
El candidato a la presidencia de la Sofofa Rodrigo Álvarez opinó que «la fuerza de las pymes es imprescindible para nuestra economía, y este aumento en la demora no puede tener justificación en la situación económica. Este tipo de injusticias no puede ser una forma de financiamiento». El otro candidato en carrera, Bernardo Larraín Matte, no respondió, hasta el cierre de esta nota.
«Las grandes empresas debemos hacer un esfuerzo para no causar dificultades a las pymes. Paguemos en los plazos acordados», afirmó el empresario Andrónico Luksic a través de Twitter.
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