Esta semana se realizaron en la ciudad de Puerto Montt (Región de Los Lagos) las reuniones de los comités de manejo pesquero del congrio dorado y merluza austral, en donde participan representantes de la pesca artesanal, industrial, de plantas de proceso de las regiones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes, junto con personeros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y también de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
En el encuentro se analizaron las observaciones enviadas por el Comité Científico Técnico (CCT) de Recursos Demersales Zona Sur Austral a los planes de manejo de congrio dorado y merluza austral, elaborados por ambos comités de manejo durante el último año.
En la oportunidad, los integrantes de ambos comités de manejo manifestaron su rechazo a una propuesta de ley sobre la pesquería de la reineta que elaboró la Subpesca y que está circulando entre los legisladores de las tres regiones del sur-austral pero que, a la fecha, no ha sido presentada oficialmente ante los miembros del comité.
En la propuesta se busca autorizar a la flota de la Región del Biobío a operar en aguas de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde actualmente está disponible la reineta. El conflicto nace por el término del acuerdo que autoriza hasta octubre de este año a lanchas del Biobío extraer este recurso en la Región de Los Lagos. Sin embargo, se han realizado numerosas denuncias de pesca ilegal en las aguas de Aysén y Magallanes de flota que no cuenta con autorización, sin sanciones a la fecha.
En representación de la Región de Magallanes, el miembro del Comité de Manejo del Congrio Dorado, Fernando Carmona, enfatizó que se oponen «tajantemente a que ingresen en Magallanes embarcaciones de otras regiones. Si la Subpesca tiene un problema con la Región del Biobío, esperamos que la solución no la encuentre perjudicando al sector pesquero del sur-austral».
Al respecto, el titular del Comité de Pesca de Congrio Dorado y representante de la pesca artesanal de Puerto Aguirre (Región de Aysén), Rigoberto Uribe, complementó que cada región debe tener su cuota de reineta. «Es un recurso que está disponible en el sur para los pescadores que tenemos el derecho y por lo tanto tenemos que trabajar para modernizar la flota que nos permita extraer nuestros recursos. El gobierno nos está restringiendo y negociando con grupos de dirigentes que hace mucho tiempo que no salen a la mar y que perjudican a los que de verdad pescamos», subrayó Uribe.
Por su parte, el representante de la pesca artesanal de la Región de Aysén en el Comité de Manejo de Merluza Austral, Honorino Angulo, se mostró preocupado por los recursos en la Patagonia. «¿Si los pescadores de la Región del Biobío no cuidaron sus recursos, por qué deberían cuidar los nuestros? La Subpesca no puede seguir avalando a los depredadores. Entendemos que hay un problema social en el Biobío pero esa región debe optar por otras alternativas, como la diversificación productiva», puntualizó el dirigente aisenino.
En tanto, la gerente general de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Valeria Carvajal, dijo que les preocupa que la autoridad sectorial, «luego de reconocer ante el Consejo Zonal de Pesca de Aysén que la flota reinetera del Biobío pesca ilegalmente en las regiones australes, ahora pretenda formalizar esa pesca ilegal con un proyecto de ley que premia a los que no cumplen la normativa y no se hace cargo de dar solución a los pescadores de las regiones donde está disponible el recurso para que puedan tener embarcaciones adecuadas para capturarla. Es una actuación que sienta un precedente nefasto para la administración pesquera chilena», subrayó la ejecutiva gremial.
Los integrantes de los comités de manejo acordaron pedir una reunión especial con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, para clarificar los temas y entregar la posición de los comités de manejo sobre la pesquería de la reineta.
Los integrantes de los comités de manejo forman parte del clúster pesquero del sur-austral que representa a cerca de 7.000 pescadores, 800 tripulantes y 1.500 trabajadores de plantas de proceso de las regiones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes.