El personal de flota, liderado por las directivas de los sindicatos interempresa de Patrones, Motoristas y Tripulantes, participó en la región del Biobío de un proceso de audiencia por requerimiento de servicios mínimos de la empresa acuícola-pesquera Blumar. La actividad se desarrolló en la Dirección del Trabajo y concluyó durante la tarde de este martes 13 de junio con el acuerdo de todas las partes, entre las que se incluyen trabajadores que laboran en tierra.
El director regional del Trabajo, Paulo Otárola Quintana, calificó el proceso como «muy importante y único; en que a las partes se les ha concedido una audiencia para ponerse de acuerdo sobre cuáles son los servicios mínimos y el número de trabajadores que se necesita para cubrirlos en caso de huelga».
El proceso está basado en la reforma laboral que rige desde el 1 de abril. En esta línea, Otárola sostuvo que como autoridad tienen la certeza de que «esta reforma funciona, que hay diálogo social, que las partes pueden llegar a acuerdo con todos los trabajadores sindicalizados».
Con la puesta en marcha de la reforma laboral, la negociación colectiva se modifica porque las partes saben a qué atenerse cuando entran a un proceso de esa índole y pueden conversar sobre temas importantes sin preocuparse de los servicios mínimos, subrayó el representante del Ministerio del Trabajo, añadiendo que el sector pesquero «es uno de los más importantes del país y de la región del Biobío».
Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Patrones de Pesca, destacó que la ley estipula que se deben establecer servicios mínimos y equipos de emergencia en caso de que se haga efectiva una huelga en proceso de negociación colectiva. «Estos servicios deben satisfacer a ambas partes y en el caso de los embarcados, tenemos el aspecto debidamente reglamentado con las dotaciones mínimas de seguridad; nuestra obligación, por ende, es ineludible. Para nosotros huelga es no salir a pescar, pero no descuidamos lo que es de nuestro cargo y responsabilidad: la nave», argumentó González.
El presidente de los Tripulantes, Hugo Roa, concordó en que el tema, para su sector, está regulado por la Armada y en la eventualidad de un paro, «el rol es preocuparnos de la seguridad de la nave y lo hemos hecho siempre. Esto –acuerdo- viene, de una u otra manera, a reconocer nuestras funciones en los barcos».
Mientras que Eric Riffo, presidente de los Motoristas, avaló lo dicho por sus pares, pero advirtió que las autoridades deberán preocuparse de que con la reforma quedan fuera de poder negociar colectivamente grupos pequeños, en circunstancias que la labor específica de los embarcados no permite unirse a otro tipo de funciones para formar organización sindical dentro de una empresa. De hecho, este año, en dos empresas de la zona el personal no podrá negociar.
«La alternativa pudiera ser trasladar el tema a los tribunales laborales, donde el resultado es incierto. Por esto llamamos a readecuar la norma a la realidad del sector», concluyó Riffo.