(Pulso) En duros términos se ha referido la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) a la alianza entre LATAM Airlines, American Airlines e IAG, matriz de Iberia y British Airways. A su juicio, el acuerdo -que está siendo investigado por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), a petición de la propia Achet- «permitiría generar una red indesafiable que controlaría más del 75% del mercado aéreo» y además, podría dar pie a «conductas predatorias para la competencia de vuelos de pasajeros y de carga».
La Fiscalía Nacional Económica (FNE), que también está indagando en torno a la alianza con la idea de saber si produciría una eventual concentración de mercado, abrió precisamente el foco de su investigación al transporte de carga y al impacto que esta alianza pueda tener en él. Por esto, solicitó a la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile) aportar antecedentes sobre el caso.
Así lo afirma el presidente del gremio, Felipe Sandoval, quien comenta que, por el momento, recopilan antecedentes y que como asociación gremial entregarán dentro de las próximas semanas a la fiscalía documentación de la industria salmonicultora y el transporte de carga que aporten a la investigación que se está llevando a cabo. Las aerolíneas hoy son uno de los principales prestadores de servicios de transporte de las empresas salmonicultoras.
El miércoles pasado el Tribunal de la Libre Competencia amplío el plazo de su investigación, que finalizaba el martes 18 de octubre, hasta el 4 de noviembre.
La Achet presentó en agosto una consulta ante el TDLC y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, para que se evaluaran los antecedentes del acuerdo Joint Business Agreement (JBA) entre estas aerolíneas. Posteriormente, la asociación de consumidores Conadecus se hizo parte del caso y pidió que se le incluya dentro de las instituciones que aportará antecedentes.
Los argumentos de la Achet apuntan a que la materialización de la alianza «causaría graves perjuicios para la competencia, afectando principalmente a los consumidores, y la estrategia de desarrollo del país», que se fundamenta en su comercio internacional e intercambio con el exterior. Adicionalmente, sostiene que afectaría seriamente al mercado del turismo en Chile, a las agencias de viajes, y a los operadores turísticos; situación muy opuesta de la que hasta ahora han difundido las aerolíneas antes mencionadas.
El tribunal ofició a varias entidades para aportar antecedentes. Entre estos organismos, ofició a la FNE, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al de Economía, al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), a la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), entre otros.
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