(Pulso) La industria del salmón está pasando por uno de los periodos más complejos desde la crisis del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv), que dejó a muchas empresas al borde de la quiebra y a otras con una debilitada estructura financiera.
Esta vez no es el dilema sanitario el mayor dolor de cabeza, sino que una rígida norma regulatoria que fijó la autoridad para no volver a repetir las grandes mortalidades sufridas en los centros de cultivo.
El gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), busca consensuar con las salmonicultoras un plan de carácter voluntario que logre aunar el desempeño sanitario de cada compañía con las siembras y el número de peces por cada jaula.
Sin embargo, el plan ha encendido las alarmas entre autoridades y abogados ligados a materias de libre competencia. Muestra de aquello es que respecto a dicho plan SalmonChile, el mayor gremio de la industria, ha contratado los servicios del estudio Ovalle&Cía. Y los esfuerzos no han quedado allí.
A fines de diciembre, por cerca de una hora se reunió el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, con el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, a fin de exponerle «algunas definiciones gremiales y proyectos de tipo regulatorio en que está trabajando la industria y que tienen alcances con la libre competencia».
A la reunión el timonel salmonicultor no asistió solo, pues junto a él acudieron los abogados del estudio Ovalle y Cía., Javier Ovalle y Pablo Manouvrier.
El interés que despierta en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) surge a raíz de que una iniciativa como la que se discute entre el gobierno y la industria indirectamente implicará una reducción de producción de manera conjunta. Esto último provocaría un incremento en los debilitados precios que muestra esta industria.
No obstante, entre ejecutivos de grandes salmonicultoras se sostiene que la reunión solicitada al fiscal nacional económico solo apuntó a explicar el funcionamiento de la industria y las características del «plan de salvataje». Esto último a fin de evitar una arremetida a través de un requerimiento, lo que entramparía el proceso de acople de la nueva normativa que el gobierno busca imponer en la industria del salmón para mejorar su rentabilidad.
«Fuimos a contarle lo que venía, porque era importante que supiera», sostiene a Pulso uno de los ejecutivos que forma parte del directorio de SalmonChile.
Sin embargo, otras fuentes consultadas por el citado medio de prensa confirmaron que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, evaluaría la presentación de un Expediente de Recomendación Normativa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Situación dramática
Tal es la brecha que ha alcanzado la industria del salmón de Chile con su par de Noruega que dicha diferencia se plasma en los precios. De hecho los precios de los productores del país escandinavo están comenzando con el pie derecho 2016 con niveles no vistos desde 1987.
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