En conversación con Medios AQUA, el senador de la UDI, David Sandoval, manifestó que, sin duda, los requerimientos de algunas comunidades de pueblos originarios en la región de Aysén respecto del uso del borde costero evidentemente han generado una profunda discusión dentro de la región. Toda vez que no se condice que extensiones tan grandes de territorio marítimo o maritorio estén, prácticamente, cautivas por un grupo reducido de personas que adolece de una serie de falencias de participación e información.
“No tendría ninguna lógica razonable que la Conadi haya dado el uso consuetudinario de esas 600 mil hectáreas de territorio o maritorio respecto de un grupo de comunidades tan pequeñas. Eso, evidentemente, ha generado un conflicto no menor. Dicho sea de paso, porque creemos que más que nada lo que hay es algún nivel de intereses ocultos detrás de todas estas peticiones y que, probablemente, tiene mucha vinculación con los contextos de carácter ambiental que han buscado a través de este mecanismo.
“Prácticamente estamos hablando de un promedio de alrededor de 22 o 21 mil hectáreas por grupo (…) No es solo pasar a ser una gran zona de protección, sino que se establecen limitaciones para el desarrollo de actividades económicas, productivas, incluso para otras comunidades originarias, porque estos son grupos acotados de comunidades de pueblos originarios. Estamos hablando de la pesca artesanal, estamos hablando de la acuicultura; es prácticamente cercenar y asfixiar el desarrollo productivo de la zona”.
El senador recordó que “la zona austral tiene su vocación pesquera en todos los ámbitos que esta actividad involucra. Artesanal, pesquero industrial, acuícola y otros tantos más. Se ha generado hoy día un conflicto entre las propias comunidades de pueblos originarios; el CRUBC de la región de Aysén va a tener que ser muy cauteloso.
Incluso más si a eso le agregamos todas las observaciones que ha habido de parte de la propia Contraloría, y también se ha logrado poner el acento en la formalidad, “es imposible que la Conadi pueda reconocer el uso consuetudinario para 50 personas de un maritorio de más de 600 mil hectáreas, porque no hay ninguna comunidad indígena, ninguna, que haya tenido ese rol y ese nivel de influencia en el territorio de la región de Aysén”.
“No puede ser una camisa de fuerza que termine por impedir el desarrollo del legítimo derecho que tienen, también, otras comunidades de pueblos originarios y otras comunidades. Que no siendo de pueblos originarios tienen el más legítimo derecho, como chileno, de desarrollar cualquier actividad donde quieran como sea, en el marco de las normas que la ley establece hoy día en nuestro país”, afirmó el senador.
“Creo sinceramente que el Consejo Regional del Uso del Borde Costero de la región de Aysén, que se tiene que constituir para pronunciarse sobre este tema, lo tiene que realizar sobre antecedentes reales objetivos. Y hay un cúmulo de observaciones, tanto técnicas, como históricas y formales que han observado evidentemente organismos como la propia Contraloría General”, añadió.
El senador afirmó que “esto hay que corregirlo, tenemos un proyecto de ley tramitando en el Senado, que precisamente establece algunos mecanismos de procedimiento. Hemos visto por parte del Ejecutivo, no sé si se concretará en definitiva, una voluntad de acompañar, según lo dijo el propio subsecretario de Pesca en la Comisión de Pesca del Senado, el proceso de tramitación de esta ley que establece algún perfeccionamiento precisamente a la ley.
Aquí lo que hay que evidentemente realizar es un cambio formal al contexto global de la Ley Lafkenche. Porque alguien simplemente encontró aquí una beta para aprovechar un espacio en la coyuntura, para otro tipo de intereses y, a través de eso, simplemente poner en conflicto productivo a toda la zona austral de nuestro país. Con los diferentes sectores dentro de las propias comunidades indígenas, con pescadores artesanales, con la cultura, con el desarrollo definitivo de toda la zona austral y eso, evidentemente, esperamos que el Consejo lo analice.
Añadió que se debe procurar que actos de esta naturaleza con un impacto de esta significación se regulen con todos los antecedentes y con la seriedad que involucra una decisión de esta naturaleza. “Creo que el Consejo Regional, si no lo rechaza, debe postergar cualquier decisión en esta naturaleza y requerir todos los antecedentes formales a la brevedad posible”, concluyó.
Fotografía: Senador David Sandoval.