Un informe solicitado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.) el mayor gremio pesquero del país, reveló que en dos años la carga impositiva se duplicó pasando de pagar US$ 36 millones en 2017 a US$ 73 millones en 2019, situación compleja, califican desde gremio, porque disminuye la competitividad del sector pesquero.
Desde la entrada en vigor de la ley (2013) a la fecha se han pagado US$ 339.282.539 millones en conceptos de patentes pesqueras, royalty o impuesto específico, certificación de las descargas, licitaciones de licencias LTP y licitaciones de permisos PEP, monto calculado según el valor de la UTM y dólar de diciembre de 2019.
Los impuestos pagados en el período 2012-2019, considerando el valor de los desembarques en playa, el cual el año pasado correspondió a US$ 493 millones, se incrementaron de un 9,2% del primer año a un 16,7% del año pasado.
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El gerente de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, explicó que de todos los gravámenes “el más cuantioso es el impuesto específico o royalty, el cual se aplica a todo evento, es decir a la cuota de la empresa, independiente si se pesca o no. Los otros tributos son la patente única pesquera, aplicada por cada nave y su tamaño; las subastas PEP (Permisos Extraordinario de Pesca); impuestos de las subastas LTP (Licencias Transables de Pesca), que se relacionan con las licitaciones del 15% de las pesquerías cuando mejoran su estado y finalmente, las de certificación que son las que tienen relación con la legalización de las descargas”.
“Existe una alta carga impositiva que no deja márgenes, incluso, impide que las empresas realicen inversiones importantes y sólo permite la mantención de barcos y plantas, lo que resta competitividad y desarrollo al sector pesquero industrial en Chile”, agregó Bacigalupo.
Respecto de la rentabilidad del patrimonio promedio del sector pesquero en el período 2013-2018 fue de -2,4%, muy por debajo de la rentabilidad promedio para todos los sectores, que fue de 7,7%. La rentabilidad del activo promedio del sector pesquero en el período 2013-2018 fue de 0,2%, muy por debajo de la rentabilidad promedio para todos los sectores, que fue de 2,6%.
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Esta situación, sumado a los efectos de la ley de la jibia que eliminaron la pesca de arrastre de media agua para pescar este recurso y los cambios que buscan hacer lo mismo con la merluza común, y toda la incertidumbre que ello genera, dificultan aún más las operaciones de la pesca industrial. Cabe recordar que el efecto directo en la aplicación de la ley de la jibia fue la pérdida de 2.000 empleos debido al cierre de plantas y retiro de embarcaciones que trabajaban con este recurso.
Revise aquí los cuadros (1 y 2) elaborados en base a información de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Sernapesca.
