Uno de los puntos que llama la atención de la auditoría es lo relacionado con la falta de herramientas de monitoreo en algunas zonas, las cuales, según Contraloría, cobran relevancia atendidas las contingencias ambientales en el sector acuícola.

Auditoría fiscalizó la labor de la entidad y el cumplimiento de sus funciones, según la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus reglamentos sobre la actividad acuícola, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, entre los años 2011 y 2015.

Junto con analizar las condiciones oceanográficas en tiempo real, el sistema contempla un detector de derrames de petróleo, dando la posibilidad de informar a las autoridades en caso de un incidente.

«Los sistemas naturales de aguas abrigadas ya están saturados y las consecuencias ambientales en estos son graves. Anoxia, eutroficación y florecimiento de algas nocivas son algunos de los efectos indeseables de la contaminación por materia orgánica que se produce por la acuicultura», argumenta el profesor José Beyá de la Universidad de Valparaíso.