Se trata de las caducidades por falta de certificado de navegabilidad y por cancelación de la matrícula, ambas emitidas por la autoridad marítima.

La norma amplía la relocalización de concesiones de acuicultura a centros de cultivo distintos de los de salmónidos.

«Los mitilicultores han realizado observaciones al Ejecutivo y a los congresistas durante todo el proceso, para que puedan mejorar algunos aspectos del proyecto, pero estas no se han considerado en las discusiones públicas debido a sesgos ideológicos», sostienen en el gremio.

Destacan que puedan desplazarse de una región a otra para ejercer su actividad extractiva.

El ente contralor subrayó que es posible concluir que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se ajustó a derecho al denegar la solicitud de ampliación de plazo de paralización de operaciones.

El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Óscar Garay (en la foto destacada), adujo que la mirada del órgano revisor pone en riesgo a la actividad, pues obliga a utilizar todas las concesiones para no perderlas, con las consecuencias sanitarias que eso implicaría.

Las regiones que presentan mayor cantidad de solicitudes son Los Lagos (23), Los Ríos (20), Antofagasta (12), Coquimbo (6) y Valparaíso (6).

El mayor holding alimentario del país destacó el incremento de la plusvalía en $441.520 millones producto de la adquisición de Empresas AquaChile y de los activos de Salmones Friosur.

El organismo que lidera Jorge Bermúdez se apega a lo escrito en la LGPA y amenaza con caducar concesiones que no se utilicen. Industria defiende uso de reglamento complementario que permite el descanso de las zonas y solicita nuevo pronunciamiento.

«Queda claro que el gobierno no considera en esa categoría a la llamada ‘Ley Corta de Pesca'», sostiene el timonel de la entidad pesquera artesanal.