Dirigentes de la pesca industrial con base en el Biobío manifestaron su creciente preocupación por la urgencia con que el Estado debe ejecutar una política de descompresión del esfuerzo artesanal sobre la sardina y anchoveta, en la región. Consideran que se debe retirar aproximadamente un 50% del esfuerzo, pero con los debidos resguardos sociales, para los actores que queden como así con los que se retiren.
«Todos los actores sociales demandan trabajo, y lo hacen con razón y derecho pues tienen que conseguir medios para que sobrevivan sus familias, pero es obligación del Estado reparar su propio error de dejar que la flota artesanal aumentara sin relación con la disponibilidad de recursos y ahora debe comprar permisos de pesca para sacar el exceso de lanchas», subrayaron los dirigentes.
Hugo Roa, presidente de los tripulantes; Eric Riffo, presidente de los motoristas; Juan Carlos González, presidente de los capitanes; y Juana Silva, presidenta de los trabajadores de planta, enviaron al Gobierno dicho mensaje, añadiendo «que una tarea imprescindible y rápida para este año es generar el clima necesario para que haya gobernabilidad lo que, entre otras situaciones, pasa por ordenar a sectores que todavía no logran hacerlo».
«El Estado no se puede lavar las manos ante el desorden y el desgobierno. La flota sardinera está sobredimensionada; los recursos pesqueros están en situación delicada; hay datos de que la moda de la sardina está en 8,5 centímetros y, definitivamente, se puede pasar todos los recursos al sector artesanal y aún así no van a alcanzar. Es una tarea prioritaria ordenar», subrayó Roa.
Los dirigentes dijeron estar preocupados porque «todas estas problemáticas afectarán también a sus propios asociados, que ya están trabajando menos que hace un tiempo y, como sea, a las comunidades en que todos conviven en la zona».