La organización de conservación marina Oceana presentó una investigación sobre producción ilegal de harina de pescado en Perú, en la cual identificó 62 centros involucrados en este ilícito en la costa norte y centro del país. El estudio detectó las modalidades para el desvío de anchoveta fresca destinada al consumo humano directo (CHD) con el fin de elaborar «harina negra», las rutas de abastecimiento y comercialización.
«Esta es una problemática que inhibe la innovación, genera graves perjuicios para la economía, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos marinos», expresó el director de Pesquerías de Oceana Perú, Juan Carlos Sueiro, quien resaltó que cada año se desvían en promedio 150.000 toneladas de anchoveta fresca.
Pisco, región Ica, concentra la mayor cantidad de plantas ilegales con diez centros que producen harina de alto contenido protéico y aceite de pescado por un valor estimado de US$32 millones al año, reportó Jorge Grillo, especialista pesquero de REDES y coautor del estudio.
Áncash, Piura y Lima poseen en conjunto 25 plantas de harina residual que se abastecen de anchoveta destinada a las plantas de CHD o compran anchoveta fresca a la pesca artesanal y de menor escala.
Por otro lado, las pampas de secado compran residuos excedentes de las plantas de CHD y adquieren anchoveta a la flota de menor escala y artesanal cuando hay sobreoferta. Existen diez locales en Pisco y catorce en Áncash.
Además, se identificó un claro desbalance entre el incremento de las plantas de curados y su producción, ya que, aunque existen 73 en el país, solo cinco empresas exportan el 46,5% del total nacional.
La presentación de esta investigación fue discutida por un panel de expertos del sector integrado por José Romero Glenny, director de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción (Produce); Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), y Magaly Ávila, directora de Gobernanza Ambiental de Proética.
Dichos especialistas coincidieron en que se requiere fortalecer la fiscalización y control del desembarque hasta la comercialización, involucrando a instituciones con competencias complementarias al Produce, como SUNAT, Fiscalía Ambiental y Gobiernos Regionales, entre otras.
Así también, resaltaron que, para combatir la corrupción en los puntos de control, es necesario aplicar un sistema de trazabilidad que permita cotejar los permisos de pesca, lugares y volúmenes de captura; además de promover la transparencia mediante data en línea, de libre acceso al público y contar con canales para denuncias.
– Vea el factsheet: https://bit.ly/2USl38t
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*Créditos de fotos: Oceana.