La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) realizó un llamado a respetar la veda biológica (reproductiva) de la merluza común (Merluccius gayi), medida que comenzará a regir en nuestro país a las cero horas del 1 de septiembre próximo y que se extenderá hasta el 30 del mismo mes.
Durante este periodo, según Decreto del Ministerio de Economía, queda prohibida la extracción, transporte, comercialización y procesamiento de esta pesquería, con el objetivo de permitir la recuperación de su biomasa.
El presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada, instó a todos quienes realizan faenas en el mar a ser respetuosos y cumplir con la normativa, pues de este modo se estará protegiendo y asegurando la recuperación del recurso que hace años se encuentra en crisis.
“Como gremio esperamos que haya voluntad y conciencia de todos los sectores por respetar la veda de la merluza, pues sabemos que este recurso atraviesa momentos críticos, sobre todo por la comercialización ilegal. Este es un periodo clave y le damos nuestro respaldo a la autoridad del Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura), para que desarrolle su trabajo de fiscalización”, destacó Luis Felipe Moncada.
La veda de la merluza común rige desde el límite norte de la Región de Coquimbo hasta el paralelo 41°28,6’ en la Región de Los Lagos. Durante todo el mes, la autoridad intensifica su labor fiscalizadora en caletas, carreteras, plantas de proceso, centros de distribución y consumo, entre otros puntos preestablecidos, pues la merluza se considera un recurso en estado de alto riesgo. La merluza es también el producto más comercializado en forma ilegal y prueba de esto es que en los últimos meses se han decomisado 150 toneladas de pesca negra entre las regiones de Valparaíso y la del Biobío.
En nuestro país se estima que la pesca ilegal de merluza común es tres veces la cuota que les corresponde al sector artesanal legalmente al año, es decir, si a ese sector le corresponden 7.600 toneladas anuales, ilegalmente se capturan probablemente 22.000 toneladas, lo que supera la cuota global nacional de pesca (19.000 toneladas para 2014).
Junto con los efectos negativos para la sostenibilidad del recurso, se estima que esta actividad ilegal que desarrolla un sector de la pesca artesanal se concentra principalmente en las regiones de O’Higgins y del Maule y genera unos US$30 millones en utilidades para quienes se dedican a este negocio. Lo anterior se traduce en un daño al sistema tributario chileno, originado en la pesca ilegal, debido a la evasión de millonarios montos en impuestos que no son pagados por quienes operan bajo estas condiciones.
Desde la Asipes han subrayado que esta práctica «atenta directamente contra la sostenibilidad del recurso, puesto que se está capturando por sobre su rendimiento máximo sostenible, resultando de esto un potencial colapso de la pesquería, ya que la actividad ilegal estaría afectando fuertemente la recuperación de esta, sin respetar sus tallas y cuotas». Y agregan que «en el fondo, se genera un grave perjuicio para el sector pesquero formal –artesanal e industrial- que desarrolla una actividad regulada y cuyo objetivo es la preservación de recursos renovables».