(El Mercurio) Es prácticamente imposible saber si uno está comprando pescado de procedencia ilegal. En el momento en que un cargamento pasa de manos de un pescador o barco pesquero a un comerciante, el rastro comienza a perderse debido a que se vuelve muy fácil introducir pesca ilícita en alguna de las etapas de la cadena que, según los pescadores artesanales, puede pasar de tres a cinco intermediarios antes de llegar a manos de quienes los consumen. La venta ilegal no solo afecta al medio ambiente, sino que además baja los precios de ventas y vuelve más difícil al pescador autosustentarse.
Es por eso que autoridades están planteando un cambio: en vez de solo fiscalizar a los pescadores, quieren comenzar a desarticular las cadenas de distribución que llevan ese pescado ilegal al Terminal Pesquero Metropolitano (TPM), uno de los principales proveedores del recurso en Santiago. Además, el programa estratégico de Corfo, Transforma Pesca y Acuicultura sustentables propone crear mecanismos para que los pescadores puedan llegar a los vendedores saltándose a los intermediarios, y así puedan lograrel mayor beneficio posible.
La sobreexplotación ilegal de recursos marinos es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después de las armas y las drogas según la Food and Agriculture Organization (FAO), de la ONU. En Chile, los recursos fuera de la ley han sido cuantificados en US $270 millones –según Sernapesca, de acuerdo al cálculo de excedente de la cuota– y pueden significar de tres a cuatro veces las toneladas permitidas por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), entidad que decreta cuánto puede capturar cada sector durante el año. Para la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), el aumento de la ilegalidad tiene relación con la disminución de las cuotas que provocó una pérdida de los ingresos del sector. «Como industria, nos adecuamos y ajustamos al nuevo escenario, sacando barcos del sistema y asumiendo las pérdidas. No así otros actores, que no realizaron estos ajustes y extraen recursos por sobre las cuotas», explica Osciel Velásquez, presidente de Sonapesca.
Según el director nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos, “la estrategia para eludir el control es que solo un porcentaje de la pesca que es transportada o comercializada cuenta con acreditación de origen legal y el resto, algunas veces uno de cada cuatro o uno de cada cinco, es pesca ilegal que pretende ser amparada por la poca pesca que tiene acreditación de origen», cuenta. El director además explica que el negocio está estructurado y que incluso se puede comparar con lo que pasa con el comercio de otros productos ilícitos. “Hemos detectado la presencia de convoyes que van en resguardo del producto que es transportado, vigilando que no tengamos presencia en carreteras, evadiendo los controles cuando se establecen. También hemos visto en el Terminal Pesquero Metropolitano «mexicanas» o quitadas de camiones. A nosotros nos han quitado recursos incautados en verdaderos ‘turbazos’”, relata.
La merluza común es el producto más explotado
El pescado favorito de los chilenos es la merluza común. De hecho, se encuentra en el 100% de los puestos que comercian productos marinos en las ferias libres de la Región Metropolitana -cuyo principal proveedor es el TPM-. Debido a su popularidad, se estima que es uno de los productos con mayor porcentaje de extracción ilegal que se consumen en el país. “Incluso, yo diría que la mitad de la merluza gayi -merluza común– que consumimos proviene de pesca ilegal”, afirma Luis Pichott, presidente del programa estratégico Transforma Pesca y Acuicultura Sustentables de Corfo. En 2016, su institución realizó una encuesta que consideró el comercio de productos del mar en todas las ferias libres de la Región Metropolitana, “con el antecedente de las estimaciones de pesca ilegal que habían hecho instituciones como la Wild World Fundation (WWF) y cruzar los datos con lo que efectivamente se estaba vendiendo”, señala.
Los resultados develaron que, en el caso de la merluza común, solo en las ferias libres de Santiago se comercializan 10.740,7 toneladas al año -equivalente a US$ 29,2 millones en dicho año, mientras que la cuota de extracción total a 2016 es de 23 mil toneladas. “Solo el consumo de la Región Metropolitana -en ferias libres- es más que la cuota nacional artesanal -equivalente a 9.028 toneladas, de las que solo se declararon por desembarque, 7.433 toneladas en 2016-«, explicó Pichott, para quien los números no calzan, pues aún faltaría estimar lo que se va a supermercados, restaurantes y otros medios de distribución como pescaderías. Lo anterior, sin considerar que, según datos de ProChile, el segundo semestre de 2015 se exportaron US$ 95 millones y al primer semestre de 2016 ya se habían exportado US$ 19,6 millones de merluza gayi.
Sernapesca necesita de nuevos instrumentos legales
Pichott afirma que el principal problema es que los esfuerzos de fiscalización se encuentran en los pescadores, cuando debería incorporarse la cadena de distribución, que no sufre las multas por la actividad. «En la ilegalidad pierden los pescadores. En una caleta de la Sexta Región uno puede encontrar la merluza gayi ilegal a $300 el kilo. Esa misma merluza está a la venta en Santiago a $3 mil el kilo. O sea, hay una diferencia de 10 veces el valor. Si un pescador pudiera llegar directamente a los feriantes, ese margen podría reducirse y el pescador recibir $1.500 a $2.000, entonces en vez de tres kilos de pescado, necesita pescar solo uno para suplir sus necesidades básicas», sentencia.
El diagnóstico es compartido por José Miguel Burgos, quien afirma que «Sernapesca necesita de nuevos instrumentos legales que le permitan intervenir y desbaratar estas estructuras ilícitas y que están entre los elementos más importantes del proyecto de Ley de Modernización de Sernapesca en el Congreso». Esto es compartido tanto por Corfo como por Sonapesca, que apuntan a esa modificación como un elemento esencial en la estrategia para disminuir la pesca ilegal.
Los pescadores artesanales declaran que la pesca ilegal es una realidad, pero que no es tan extensa como la industria ha difundido. “Se ha realizado un fuerte trabajo comunicacional para afirmar que las cifras de pesca ilegal son de dos a tres veces superiores a las cuotas, pero eso es falso”, asegura el presidente de la federación de pescadores «Nuevo Amanecer» de la Quinta Región, Miguel Ángel Hernández. Sin embargo, afirma que el problema sí tiene consecuencias: «Aquí ha llegado mucha pesca ilegal desde la Séptima Región y eso ha hecho que bajen los precios de venta al público. Pero nuestro verdadero problema es que el 60% de la cuota nacional está en manos de dos barcos industriales, la pesca de arrastre contribuye más a la depredación del recurso», explica el pescador, quien no descarta que el problema sea transversal a la industria y al sector artesanal.
Además, señala que debido a la Ley de Pesca –que disminuyó considerablemente su cuota de pesca normal– tampoco tienen alternativas para pescar otras especies. Su solución está en acudir a medios de producción propios y expandir su oferta a otras especies, algo que el programa de Corfo también ha estimado necesario. En su región ya han incorporado tres plantas de procesamiento de jibia. «Además, estamos pensando en diversificarnos y darles un valor agregado a nuestros productos», señala.
Pichott es enfático en que aumentar el consumo de otras especies es fundamental para sustentar el sistema, pues, tal como se muestra en su estudio, los chilenos no conocen especies como la merluza de tres aletas y consumen muy poca merluza austral.