Durante la tarde de este lunes 3 de octubre, en el Centro de Justicia de Santiago (Región Metropolitana) se llevó a cabo la audiencia solicitada por el Ministerio Público para formalizar la investigación respecto a la persona jurídica de Corpesca S.A.
En la cita, se notificó a la pesquera sobre el procedimiento que buscará determinar si esta contaba con las medidas de prevención requeridas por la Ley 20.393 (establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho), en la época en que sucedieron los hechos por los que ha sido imputado el ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica, quien ejerciera dicho cargo hasta mayo de 2013.
Julio Contardo, quien es uno de los fiscales a cargo del caso, manifestó que dentro de las sanciones va desde la multa a la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios como la imposibilidad de celebrar, por ejemplo, contratos con el Estado.
El persecutor añadió que «la disolución es una de las sanciones, la más grave que contempla la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero hay que enfocarse en el delito base, que es el soborno».
Desde la firma del Grupo Angelini, en tanto, aseguran que han aportado a la Fiscalía los antecedentes que demuestran que sí contaba con las medidas de prevención para evitar casos de cohecho y, por ende, daba cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada ley.
«Se ha prestado toda la colaboración para el esclarecimiento de estos hechos de público conocimiento, respecto de los cuales la empresa como tal es absolutamente ajena, por lo cual espera ejercer su derecho de defensa oportunamente», concluyeron desde Corpesca.