La Corte Suprema (CS) confirmó la sentencia que rechazó una protección deducida por la empresa Sociedad de Inversiones Aguas Azules SpA en contra del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) por resolución por medio de la cual se desestima la solicitud de inscripción de transferencia en el Registro de Concesiones de Acuicultura.
Respecto a los hechos, consta que la compañía que compró, bajo una condición suspensiva, una concesión de acuicultura de un centro. La condición decía relación con que la transferencia fuese autorizada por resolución del subsecretario de Marina de conformidad con la normativa reglamentaria vigente a la época. Luego, por Resolución Exenta 3869 del 8 de noviembre de 2018, dictada por la misma subsecretaría, se rechazó la solicitud de inscripción en el Registro de Concesiones, argumentando que es necesario conocer el contenido de un mandato que detentaba el vendedor, dado que la venta de una concesión de acuicultura no se encuentra dentro de las facultades generales de administración.
La firma acuícola estimó vulnerada sus garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho de propiedad.
La sentencia de la Corte de Puerto Montt (región de Los Lagos) expuso en su oportunidad que para resolver como lo efectuó la administración, tuvo en cuenta que la enajenación de la concesión acuícola se realizó con el mérito de un mandato contenido en un instrumento privado que no le fue exhibido. «Al efecto, se sostiene por la recurrida que tanto el artículo 81 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), como el artículo 11 del Reglamento de Registro Público de Concesiones de Acuicultura, exige que la solicitud se presente por al menos una de las partes adjuntando, en su caso, poder suficiente de los representantes legales de las partes contratantes si correspondiere, para celebrar el acto respectivo con certificación de vigencia a la fecha de celebración del contrato». En este sentido, el fallo agrega que, en dichas circunstancias, no existe un actuar ilegal por parte de la autoridad, pues la administración actúa en función de un mandato legal.
Enseguida, el fallo razonó que, sin perjuicio de lo anterior, tampoco se advierte en la especie que el ente público haya actuado en forma arbitraria, entendida como una actuación caprichosa por parte de la administración, pues dado el tiempo transcurrido entre la supuesta enajenación y la petición de inscripción, y habida consideración además de una presentación por parte de la actual titular de la inscripción en la que desconoce la venta, es una exigencia razonable requerir el mandato por medio del cual el fallecido hermano de la vendedora actuó en representación de esta, «pues como afirmó el recurrido el notario ante quien se otorgó la escritura pública solo puede dar fe de la autenticidad de la firma del otorgante y de la fecha de la autorización, mas no del contenido material y alcances del mandato con el cual el otorgante actuó».
Por consiguiente, la CS confirmó la sentencia apelada, rechazando así, el recurso intentado.
Vea el texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 23275-2019 y de la Corte de Puerto Montt Rol N° 955-2019.