Por 51 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución N° 249, que solicita a la Presidenta de la República modificar la ley de Navegación, decreto ley N° 2.222, aumentando las atribuciones 
cautelares y fiscalizadoras de la Dirección y autoridad marítima para que por sí o por sus órganos dependientes generen un cambio en las políticas de control y fiscalización a priori respecto del transporte, acopio y derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en aguas chilenas.
Además, estipula el texto que, a posteriori, se establezcan rigurosos procedimientos, multas y castigos ante accidentes contaminantes, considerando de manera responsable y real los daños a largo plazo que no son cubiertos hoy en día, como lo demuestran nuestros índices de accidentabilidad en nuestras costas.
La iniciativa fue presentada por los diputados Marcela Hernando (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Iván Flores (DC), Fernando Meza (PRSD), Marcos Espinosa (PRSD), Claudio Arriagada (DC), José Pérez (PRSD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Alberto Robles (PRSD) y Gabriel Silber DC).
Los legisladores explicaron que, en el caso de derrame de hidrocarburos en las costas chilenas, no existe una preocupación por cuantificar el daño producido en la recuperación de la zona afectada, en la repoblación de la flora y la fauna marina en restaurar los daños a las costas y a todas las personas que viven en las cercanías y que pueden verse perjudicadas a largo plazo tanto en su salud, situación laboral y calidad de vida.
Por ello, plantean que debe haber un cambio en la forma de cuantificar las indemnizaciones de perjuicios y pagos directos, respecto de daños objetivos y generar una herramienta que permita una mirada a futuro de los verdaderos perjuicios al ecosistema, y que difícilmente podrán ser costeados solo con indemnizaciones dirigidas a reparar el daño momentáneo.
«Más aún, debe existir un control a priori mucho más fuerte, exigente y cautelar de manera que no debamos llegar a instancias punitivas producto de un bajo control en los procedimientos de transporte y su distribución a los distintos centros de acopio», acotan los legisladores.