Una querella criminal por extorsión, hostigamiento, amenazas e intento de incendio en su contra, es la que interpondrá hoy la empresa cultivadora, procesadora y exportadora de mejillón chileno, Toralla S.A, contra el dirigente Emilio Huaiquín, werkén de la comunidad indígena Huicha-Pucatué (Chiloé) y todos quienes resulten responsables.
Así lo manifestó el gerente de Toralla, José María Escobar, tras mencionar la seguidilla de acciones ilícitas que el comunero ha liderado en protesta por el presunto vertimiento de residuos industriales líquidos (Riles) que, a su juicio, estaría vertiendo la planta de procesamiento perteneciente a la empresa propiedad de la familia Leiro, en un área vinculada a la reclamación del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), y que actualmente es utilizado por la procesadora.
Al respecto, Escobar aclaró que «han cuestionado nuestro tratamiento de desechos, a pesar que hoy en Chile existe una normativa muy rigurosa sobre el tratamiento y disposición final de estos, que hemos cumplido a cabalidad. Todo desecho que genera nuestra planta de proceso es debidamente tratado. Nuestros Riles y emisario marino son periódicamente monitoreados, y los reportes son remitidos a la autoridad ambiental, sin contar hasta ahora con ninguna infracción a la norma; de hecho, trabajamos constantemente en introducir mejoras a nuestros procesos, con el fin de contribuir al mejoramiento medio ambiente, así también con las exigencias que hemos asumido a propósito de nuestras certificaciones internacionales».
Exigencias económicas
La preocupación del ejecutivo se centra en las exigencias económicas que el dirigente comunero ha realizado a la empresa. «No entendemos la posición que ha tomado como dirigente, en orden a exigir una serie de aportes, que pasan por terrenos, vehículos, infraestructura y embarcaciones, valoradas en más $130 millones; esto a cambio de permitirnos continuar con nuestras actividades en el sector donde nos emplazamos hace casi dos décadas, y solo por un período de tres años, que al cumplirse darían paso a una nueva negociación. Consideramos esta situación como un delito de hostigamiento y extorsión hacia Toralla, y un peligro para nuestros trabajadores».
La mitilicultora argumenta que como el cierre definitivo ya está siendo considerado por sus propietarios si este escenario no cambia, el impacto económico y social podría ser significativo para la comunidad. Más de 550 empleos directos, otros 800 indirectos que benefician a las antiguas familias chilotas asentadas en Chonchi, Queilen y Lemuy, entre otras comunas, se perderían, además de US$40 millones en inversión.
«Nuestra relación con la comunidad indígena es positiva; tenemos personal de la misma trabajando con nosotros y fluidas relaciones con dirigentes de su club deportivo y representantes del Comité de Agua Potable Rural; colaboramos con establecimientos educacionales de la zona, entre estos el de Huicha-Pucatué y el Colegio Quitripulli. De tal forma que solemos estar atentos a las necesidades reales que nos plantea la comunidad en que nos insertamos y, si existe la posibilidad, siempre está la voluntad de ayudar», aseguró José María Escobar.
Recordó que en mayo de este año los funcionarios de la empresa fueron impedidos de ingresar a la planta por quemas de neumáticos en sus accesos, las que fueron concretadas por grupo de comuneros Huicha-Pucatué liderados por Huaquín, hechos reiterados en octubre pasado, con la finalidad de acceder a las exigencias económicas, y que, a juicio de José María Escobar, «irían en beneficio directo de este y sus representados».
En relación con ello, el personero recalcó que la compañía está abierta al diálogo. «Nuestro férreo compromiso está centrado en nuestro personal y la comunidad en que nos desenvolvemos y con quien mantenemos una excelente relación, pero no podemos aceptar este tipo de abusos y actos contrarios a derecho; sin duda, nos preocupa que continúen las provocaciones y amenazas recibidas, que declaraciones sin fundamentos confundan a la población, y cumplan con su objetivo de generar presión para que nos veamos forzados a acceder a demandas desmedidas nacidas de un supuesto derecho, que merece un debido respeto para la comunidad, pues entendemos que la reclamación de una ECMPO posee una trascendencia mayor a ser una mera herramienta de presión económica con fines particulares, que desmedran su real sentido ancestral», sentenció.