El pasado 2 de agosto, se publicó en el diario El Sur de Concepción, una amplia entrevista al señor Mark Stengel Uslar, director ejecutivo de Cultivos Pelícano, quien se manifestó en torno a la decisión de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) de desafectar parte de las zonas AAA (Áreas Aptas para la Acuicultura) en la región del Biobío.
La Federación Regional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa Biobío), no se quedó indiferente frente a lo expresado y reiteró que la pesca artesanal ha rechazado cualquier incursión industrial en el borde costero asignado para este sector productivo, «por cuanto estas iniciativas implican una alta contaminación en el mar y quita espacios históricos para la pesca artesanal», según lo informado.
“Nuestra postura está fundamentada en estudios técnicos que emanan de científicos de las universidades en orden a que los desastres ambientales generados en el océano como producto de los cultivos de salmones no preocupan ni son considerados por el señor Stengel en su entrevista. Todo lo contrario, señala que son ambientalmente aceptables y de gran beneficio económico para las comunidades donde están contempladas. Pero nada señala sobre la sustentabilidad ni que el Proyecto Pelícano asegure la conservación de las especies que habitan y se desarrollan libremente en el mar”, afirmaron desde la Federación.
Hugo Arancibia, presidente del directorio de Ferepa, indicó que en diciembre de 2015, la asamblea de sindicatos afiliados manifestó su rechazo al Proyecto Pelícano que “compromete 18 hectáreas para la instalación de cultivos de salmón en la comuna de Cobquecura, por cuanto se pretende intervenir en un Santuario de la Naturaleza y que además reduce el espacio para el desarrollo libre de la pesca artesanal”.
El proyecto fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental a fines de 2015 para una simple Declaración de Impacto Ambiental que no contempla la consulta ciudadana. Según lo dicho por Arancibia, se presentaron los proyectos separados para evitar que se haga un estudio de impacto ambiental que, de acuerdo a la Ley, se debe realizar cuando se trata de una inversión de gran magnitud como es éste y los 17 cultivos que hoy contemplan.