(El Mercurio) Ante la intención del Partido Comunista de anular la Ley de Pesca -que rige desde 2013-, el Gobierno estableció una mesa de trabajo con congresistas de la Nueva Mayoría para avanzar por la vía legislativa en los perfeccionamientos a esa normativa aprobada durante el mandato presidencial de Sebastián Piñera.
La instancia está encabezada por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y participan las carteras de Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
En la última reunión (el 16 de marzo), los legisladores recibieron de parte del Ejecutivo una minuta breve, pero que fija los ocho puntos esenciales que el Gobierno pretende abordar con la intención de adecuar la ley. Esto, ante el descrédito del rubro por el caso Corpesca.
El documento detalla los criterios «imprescindibles» de orden económico y político para este trabajo. Destaca el evitar un costo para el fisco por la adopción de medidas que deriven en indemnizaciones cuantiosas, proteger el empleo ante la «delicada situación económica por la que está pasando el país», mantener la sustentabilidad de los recursos pesqueros -con asignación de cuotas de captura con criterios científicos- y, por último, la viabilidad política y consenso nacional.
El cronograma de trabajo considera reuniones hasta agosto próximo. Entre los ocho puntos de la propuesta se menciona «otorgamiento y renovación de licencias». Este sería uno de los temas más conflictivos, ya que hoy la normativa cede los permisos de pesca por 20 años, renovables por igual lapso. Esto último es lo que se buscaría modificar; es decir, cómo se reactualizan. Según conocedores del tema, en el Gobierno saben que podría haber diferencias con el sector industrial porque este podría interpretar que se le están expropiando derechos, pero el Ejecutivo también confiaría en que la renovación de los permisos es una expectativa que podría ser modificada.
Un segundo punto está relacionado con el perfeccionamiento de los mecanismos de licitación. Actualmente una firma que se adjudica una licencia de pesca e ingresa al mercado paga más tributos que otra que ya está en el rubro. Esa brecha se quiere acortar sin dañar los ingresos fiscales por impuestos.
En tercer lugar, se busca garantizar a la pesca artesanal de Aysén y Magallanes la reserva de las cinco millas para ejercer esa actividad. Se sumaría la intención de regular mejor las áreas de «perforación», que son los lugares protegidos para los artesanales, pero donde también pueden operar las naves industriales, como ocurre con la pesquería de la anchoveta en el norte del país.
Los puntos quinto y sexto pretenden regular la pesca de arrastre y a los sectores de pescadores bentónicos (que es el 50% del segmento artesanal y extrae recursos que viven en el sustrato marino, sobre o enterrados) y a la acuicultura de pequeña escala.
Sobre la pesca ilegal (séptimo ítem), se buscaría que organismos estatales estén a cargo de la certificación de los productos. Por último, el documento planea perfeccionar la institucionalidad pro sustentabilidad.
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