Las empresas pesqueras agrupadas en la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros de Coquimbo (AIP) emitieron un comunicado para manifestar su «profunda decepción» por la forma en que el Senado y el gobierno, encabezados por el ministro de Economía, José Ramón Valente, están tramitando las reformas a la ley de pesca, que en lo medular termina con la renovación a las patentes.
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«Hemos reiterado que esta iniciativa generará un grave daño a un sector que se encuentra trabajando de manera innovadora, sustentable y ordenada, introduciendo, con esta propuesta, precariedad, incertidumbre y especulación a la actividad pesquera industrial», comenzó diciendo la AIP a través de su presidente, Osciel Velásquez.
De acuerdo con las palabras del representante gremial, en una decisión que calificaron «al menos de sorpresiva», la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, encabezada por Rabindranath Quinteros, en acuerdo con el gobierno, decidió poner en tabla la votación para aprobar la idea de legislar.
«Nunca esta comisión, ni el ministro, recibieron al sector industrial pesquero para conocer sus puntos de vista y análisis técnico de la llamada ley ‘corta'», afirmó Velásquez, sosteniendo que «es tradición democrática de este país escuchar a todos los sectores afectados cuando el Congreso o el gobierno de turno propone cambios a la legislación que rige una actividad económica. Y esto parece que cambió. Hoy se busca aprobar la idea de legislar sin recibir a los industriales pesqueros en el Congreso, aún peor el ministro de economía, José Ramón Valente, tampoco nos ha recibido para plantear nuestras inquietudes técnicas; esto es preocupante», enfatizó el timonel de la AIP, quien a su vez es presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
Son once las empresas agrupadas en la AIP en Coquimbo, las que en conjunto -según lo reportado por el gremio- dan empleo directo a 4.000 personas de la zona, ya que cuentan con patentes que les permiten operar desde la región de Coquimbo: «esta titularidad es la que la propuesta de ley pone en riesgo, ya que resulta complejo para las empresas familiares que componen la industria crustacera de la región competir, no solo son las grandes empresas, sino también con los especuladores que seguramente aprovecharán este cambio normativo».
Para cerrar, Velásquez expresó: «nos preocupa la inversión, la sustentabilidad, la transparencia y el empleo que la industria genera en el territorio. Las presiones sobre la pesca de arrastre, sobre los acuerdos entre pescadores artesanales e industriales es parte de una fuerte campaña que sobrepone la consigna sobre los estudios técnicos y el equilibrio del sector. Nosotros, entonces, exigiremos como asociación y como empresas ser escuchados en el Congreso; es un mínimo democrático antes de cambiar la legislación que nos afecta directamente».
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