(El Mercurio) Para las empresas pesqueras de la zona centro-sur del país, en 2015 las certezas estuvieron vinculadas a la real existencia de los recursos biológicos ligados a las cuotas de capturas autorizadas por la autoridad. Las incertidumbres, en tanto, vinieron por el lado de la caída en la demanda de jurel desde Nigeria, principal consumidor de este producto, cuya economía se está viendo afectada por la baja en el precio del petróleo. Otro tema de preocupación provino de los fuertes cuestionamientos políticos y de una parte de esta industria a la ley de pesca, que rige desde febrero de 2013.
Junto con realizar un balance del desempeño del rubro en este año, el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, afirmó que la normativa «se puede mejorar» en materia de fiscalización y certificaciones en las caletas, para combatir la pesca ilegal. Por ello, entregarán una propuesta a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) para que en el marco de la revisión de la ley que le encargó el gobierno, considere mejoras en esos aspectos.
¿Cuál es el balance de este año, cuando los desembarques y exportaciones cayeron?
«Chile logró capturar cerca del 90% de las cuotas de pesca, lo que es satisfactorio. Ha estado el recurso biológico. Un año no puede ser mejor que otro por voluntad de quienes están pescando, sino que el alza se produce según las cuotas mejoren. El sector centro-sur ha explicado históricamente el 65% de las capturas del país, pero hoy es más del 50% por la asignación de cuotas».
«Desde el punto de vista comercial, ha habido problemas con mercados como Nigeria, importante comprador africano y país petrolero que se ha visto afectado por el valor del crudo».
¿Cuáles son las perspectivas para 2016?
«Las cuotas pesqueras se están definiendo, pero se espera que sean semejantes a las de 2015. No habrá grandes novedades ni para arriba ni para abajo».
«Estamos haciendo esfuerzos por abrir nuevas plazas para el jurel. Hay un par de personas dedicadas a mercados como Brasil y otros. Nigeria, que tiene cerca del 40% a 50% de la demanda, se fue abajo. Sabemos que Brasil está con problemas, pero tenemos una ventaja importante como sector, que es que los alimentos es lo último que el ser humano puede prescindir».
Existe una percepción de que el sector industrial y el artesanal están en pugna constante, ¿cuál es la realidad?
«Hay un tema artificial creado por algunos enemigos de la ley de pesca que llevan mucho tiempo tratando de socavarla. En la zona centro-sur, el 56% aproximadamente de los peces son del mundo artesanal y tenemos una relación de socios comerciales, porque ellos venden productos al mundo industrial. En la parte gremial, conversamos permanentemente».
«Pero hay una empresa pesquera que ha sido partidaria de las licitaciones, que se encuentra armando un lobby millonario y ha convencido a algunos senadores de que presenten un proyecto de ley errado».
¿A quien se refiere?
«A Lota Protein. Ellos han creado una organización de fachada, la Condepp, donde hay dirigentes artesanales de nula representatividad y han levantado una polémica con los industriales».
¿Pero qué le parece que se busque cambiar la ley de pesca?
«La ley que se aprobó en diciembre de 2012 fue muy positiva para Chile, porque entregó la administración de los peces a los científicos y sacó eso de la autoridad política. Somos defensores de la estabilidad que le da normativa, pero creemos que la ley tiene aspectos mejorables».
«El gobierno ha entregado, con buen criterio, la revisión de esta ley a un organismo técnico como la FAO, para que diga si está en línea con las principales legislaciones pesqueras del mundo. Nosotros estamos preparando un documento que entregaremos a la FAO sobre mejoras en aspectos de fondo como es la fiscalización en caletas y en los desembarques. En estos momentos hay ‘pesca negra’ en cantidades gigantescas, como en la merluza común que va camino al colapso. Hay cosas que mejorar en la ley de pesca».
Usted debe concordar que este debate se da en un contexto de descrédito del sector por el caso Corpesca.
«Lamentamos y condenamos la situación producida por ese tema. Hay una ex diputada (Marta Isasi) y un senador (Jaime Orpis) cuestionados. Apoyaremos las sanciones que legalmente se establezcan. Pero si se legisló por un par de parlamentarios en eventual cohecho, eso no anula una ley que fue aprobada por mayoría de diputados y senadores. Es una ley de amplia legitimidad democrática».
El caso ligado al grupo Errázuriz
Otro de los temas que abordó el presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada, fue la postergación de la eventual sanción a Bahía Coronel, firma asociada al gremio, ligada al grupo Errázuriz y que está involucrada en el procesamiento irregular de 7.588 toneladas de harina de pescado, volumen que fue incautado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Moncada explicó que «estatutariamente, la asociación no puede aplicar una sanción sin que exista una sentencia de tribunales». Añadió que «según información de la empresa, la harina sigue retenida, pero no hay ninguna resolución de la justicia sobre la culpabilidad de Bahía Coronel».
Argumentó que la firma tampoco optó por automarginarse temporalmente de la Asipes mientras se resuelve el caso, porque «arguyó que no era culpable y que iba a demostrar que la harina tiene trazabilidad».