La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) repudió las agresiones que han recibido durante el ejercicio de las labores fiscalizadoras los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que trabajan en el combate de la pesca ilegal, quienes este miércoles 3 de junio han efectuado un paro a raíz de las constantes muestras de violencia por parte de grupos de pescadores artesanales.
La movilización, que solo considera el cese en la atención a público y no la paralización de otras actividades, según se informó, surge como respuesta a reiterados hechos de violencia que se han producido a nivel nacional, los que se han intensificado, ocurriendo el último de estos incidentes en Lota (Región del Biobío), la semana pasada.
La jefa de Sustentabilidad de la Asipes, Macarena Cepeda, comentó que como asociación «condenamos los ataques a funcionarios del Sernapesca que buscan impedir su labor fiscalizadora, poniendo en evidencia la desprotección que enfrentan, cuya misión es resguardar el patrimonio pesquero de todos los chilenos».
Cepeda agregó que este tipo de acciones están «estrechamente vinculadas con la pesca ilegal», acto delictivo que azota con fuerza al sector pesquero nacional desde hace algunos años.
Las cifras al respecto son alarmantes, subrayó la representante del gremio de industriales. Es que de acuerdo con evidencia recopilada en 2014, se estima que el mercado negro de la merluza común es, a lo menos, tres veces la cuota anual que les corresponde al sector artesanal legalmente. «Es decir, si a ese sector le correspondieron 7.600 toneladas el año pasado, ilegalmente se capturaron probablemente 22.800 toneladas», enfatizó Macarena Cepeda.
«La pesca ilegal no solo amenaza la conservación y recuperación de las pesquerías nacionales, sino que también pone en desventaja competitiva a la mayoría de pescadores artesanales honrados que respetan sus cuotas de captura, además de exponer a la población a un producto de baja calidad que no ha sido sometido a los procesos sanitarios y de transporte correspondiente, rompiéndose la cadena de frío que garantiza su frescura, y cuya trazabilidad no puede comprobarse», argumentó la ejecutiva, quien para concluir dijo que, por otro lado, «hay un impacto económico importante en las arcas fiscales, debido a que los más de US$30 millones anuales que mueve esta actividad ilegal no pagan tributo alguno».