Esta semana, el perito naval almirante Cristian de la Maza Riquelme entregó su informe a la ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción Irene Godoy, confirmando la responsabilidad de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el derrame del 25 de mayo de 2007 en la bahía de San Vicente, región del Biobío, producto de la rotura del ducto submarino denominado «Línea n1» del Terminal B de San Vicente, mientras se descargaba petróleo crudo desde la nave «New Constellation».
La investigación del derrame reflejó una serie de deficiencias de la empresa en la operación y el mantenimiento del ducto, protocolos para pruebas de hermeticidad y capacitación de los operarios que fueron causas concurrentes al siniestro; prueba de esto es que durante 47 minutos se derramó petróleo crudo a razón de 9.000 litros por minuto y ENAP solo se enteró por denuncia de terceros que trabajaban en una pesquera del sector.
La magistrada de la Corte de Apelaciones de Concepción (región del Biobío) deberá zanjar la disputa que se mantiene vigente con los principales afectados por este derrame, dígase los pescadores, armadores artesanales del muelle de San Vicente y maestranzas y prestadores de servicios marítimos de la «zona cero» del derrame, que sufrieron la paralización de sus actividades productivas y daños directos en sus embarcaciones y equipos de pesca.
«Han transcurrido siete años desde el mayor derrame de hidrocarburos que ha sufrido el país en las últimas dos décadas. Pescadores de San Vicente han muerto esperando la necesaria reparación que ENAP debe entregar a quienes se vieron afectados productiva, económica y moralmente por la contaminación de esta empresa que arrojó 500.000 litros de petróleo a la bahía de San Vicente, bastante más que los 38.000 litros derramados en Quintero (región del Valpaíraso) en el año 2014 y que costó US$7 millones en compensaciones ambientales y civiles para reparar el daño causado», comentó el abogado Cristian Tapia Fernández, representante de las mujeres y hombres de mar afectados.