Este jueves 28 de abril llegaron hasta Puerto Montt (Región de Los Lagos) los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el fin de realizar la consulta pública contemplada en el marco de la evaluación técnica de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) solicitada por el Gobierno al organismo internacional.
Este tipo de consultas ya se han realizado en ciudades como Iquique (Región de Tarapacá), Concepción (Región del Biobío), Puerto Aysén (Región de Aysén) y Punta Arenas (Región de Magallanes), mientras que próximamente se efectuarán encuentros similares en Santiago (Región Metropolitana), Valparaíso (Región de Valparaíso) y Caldera (Región de Atacama).
En conversaciones con AQUA, el oficial principal de Pesca de la FAO, Alejandro Flores –quien encabeza las reuniones–, explicó que «esto es parte del proceso que estamos siguiendo para complementar la metodología que estamos aplicando para la revisión de la Ley de Pesca chilena, donde nuestra misión es realizar un análisis técnico-jurídico».
Detalló que, para cumplir con la misión encargada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la FAO cuenta con un grupo técnico constituido por sus propios expertos, además de la asesoría de una consultora internacional. De igual forma, «para nuestra institución es muy importante la consulta pública, donde, lo que hemos hecho, es dividir al país en macro regiones, en las cuales hemos empezado a realizar consultas a grupos focales. El objetivo es que todos los actores de la cadena estén representados. No es algo abierto o público, pero tratamos de que todos estén considerados», aseguró.
En el encuentro de Puerto Montt, así como en los realizados en otras zonas, se ha convocado a representantes de la pesca industrial, artesanal, plantas de proceso, academia, pueblos originarios y ONGs. A todos los asistentes se les envió, previamente, un cuestionario con doce áreas temáticas, con el objetivo de que en las reuniones se puedan recoger las inquietudes de los actores y que exista un intercambio de opiniones. «Queremos recoger impresiones respecto a vacíos, brechas y debilidades que pueda tener la ley, sobre todo, en temas que están siendo comparados con la legislación pesquera internacional», expuso el oficial de la FAO.
La Subpesca, de acuerdo con lo informado, ha brindado apoyo logístico para la realización de las reuniones, pero no ha participado en las consultas. «Quiero recalcar que la Subsecretaría nos ha dado total libertad y amplitud para efectuar este proceso», añadió Alejandro Flores.
¿Qué balance puede realizar de las consultas públicas que ya han sostenido?
Han sido bastante fluidas, muy ricas y con contribuciones muy interesantes. Hemos tenido una activa participación, que ha variado de lugar en lugar, pero que ha sido muy ilustrativa y enriquecedora para este trabajo. Intentamos recoger todas las opiniones y hacer un análisis de ellas, por supuesto con la mirada que tiene una organización como la FAO y que está centrada en el bien común. Con esto, quiero decir que, más allá de los intereses puntuales o localizados que pueda tener un grupo, debemos hacer una abstracción de cuáles son los temas transversales; cuáles son las brechas que se identifican en la ley.
¿Qué viene después de las consultas? ¿Cuánto entregarán el informe final?
Luego de estas reuniones corresponde hacer una sistematización y análisis de la información, cruzándola con lo que tenga la consultora y la opinión más experta. La idea es obtener, de allí, un panorama definitivo. Esperamos entregar las recomendaciones, conclusiones y, en definitiva, el documento final, en agosto de 2016.