Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se encuentra iniciando la revisión de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) de Chile y, en entrevista con AQUA, el oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe del organismo internacional, Alejandro Flores, detalló los aspectos principales del análisis que están realizando.
En lo que concierne a esta revisión, ¿cuáles son los principales temas sobre los cuales la FAO podrá emitir opinión? ¿Podrán referirse a temas que en Chile están generando discusión como la propiedad de los peces y el acceso a las pesquerías?
La solicitud que ha recibido la FAO para este proceso de revisión se basa en la inclusión de elementos y salvaguardas relacionadas con los instrumentos y estándares orientados a la sostenibilidad y adecuada gobernanza de la pesca y la acuicultura. Hablamos de acuerdos y directrices voluntarias que han sido acordados por la comunidad internacional y de los cuales Chile es signatario.
Al mismo tiempo, en la revisión, ¿qué importancia tendrán los temas relacionados con la sostenibilidad de los recursos pesqueros? ¿Pondrán especial atención en este ítem?
Todos los instrumentos que promueve la Organización y que han sido construidos en conjunto de los países tienen como objetivo la sostenibilidad de los recursos pesqueros, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable, el Enfoque Ecosistémico de la Pesca, el Enfoque Precautorio y diversas directrices voluntarias como las relacionadas con la sostenibilidad de la pesca artesanal.
En este proceso, la FAO ¿consultará opiniones sobre la ley a los principales actores relacionados y con intereses en el sector, como son los actores de la pesca industrial, pesca artesanal, así como trabajadores y armadores pesqueros?
La FAO tiene como principio la inclusión y consulta de los actores y usuarios de los recursos. Durante el proceso se contempla realizar consultas con los diversos actores del sector pesquero, asegurando su representatividad a través de grupos focales.
En Chile, la actual ley no contempla mecanismos de licitación de las cuotas pesqueras. Sin embargo, hay un grupo de actores que está solicitando en caso de que la ley vuelva al Congreso Nacional se incorpore este esquema. ¿Tiene antecedentes acerca de países pesqueros que hayan incorporado mecanismos de licitación o subasta en su legislación pesquera? ¿Cuáles han sido los resultados?
Existen países que han adoptado esta vía para la asignación de los recursos pesqueros. Sin embargo no tenemos antecedentes sobre evaluaciones que permitan comparar los resultados. Las realidades tecnológicas y bio-ecológicas de cada país demandan estrategias distintas, que en común, apunten a la sostenibilidad de los recursos y la actividad pesquera, considerando las dimensiones ecológicas, socioeconómicas e institucionales.
Si pudiera hacer una comparación entre la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea y la ley de pesca chilena en cuanto a los regímenes de acceso a las pesquerías y determinación de cuotas, ¿cuáles son los puntos de acuerdo y las principales diferencias?
Cada país, inclusive en la Unión Europea, tiene sus propias complejidades y del mismo modo son soberanos, manejan sus propias políticas y diferentes regímenes de acceso a las pesquerías.
En Chile existen grupos (vinculados a la petición de mecanismos de licitación) que están pidiendo que se derogue o anule la ley de pesca. ¿Es posible que la FAO, en caso de que la evaluación arroje resultados negativos, recomiende una acción como tal o eso depende solamente de las autoridades chilenas?
Las recomendaciones resultantes del análisis que realizará el equipo de la FAO serán basadas en el análisis de la inclusión de elementos que respondan a los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y adecuada gobernanza de la pesca y la acuicultura de los cuales Chile es signatario y/o en su caso, los que son voluntarios y podrían fortalecer la legislación. La FAO no interviene en aspectos de política interna de los países y la decisión sobre las recomendaciones derivadas del proceso atañe exclusivamente a las instituciones del país. Cada país y en este caso Chile, es responsable de definir y cuidar sus procesos de formulación e implementación, por lo que queda fuera de la competencia de FAO.
La FAO ¿ha realizado revisiones de leyes de similar envergadura provenientes de otros países, especialmente en materia de pesca, o este proceso es nuevo tanto para Chile como para la FAO?
La Organización ha participado a nivel mundial en diversos procesos de formulación de leyes sectoriales y sus reglamentos, así como revisiones y adecuaciones de marcos legislativos. Recientemente, en la región de América Latina y el Caribe, además de haber formulado la nueva legislación pesquera y acuícola de Bolivia, ha asistido a los gobiernos de México, Guatemala, Nicaragua, Guyana, Jamaica, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, en la formulación de políticas nacionales y estrategias de desarrollo sectorial. En todos los casos, se hace una revisión del marco legal existente para proponer su alineamiento a los enfoques y tratados acordados por la comunidad internacional.