En entrevista con un equipo de B2B Media Group, casa editorial de Medios AQUA, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño Ugalde, sostuvo que la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), busca consolidar un marco institucional robusto para la conservación de la biodiversidad, pero también entregar certezas a los sectores productivos. En ese sentido, la identificación de 99 sitios prioritarios no constituye una nueva figura de restricción, sino una actualización del trabajo que Chile ha desarrollado por más de dos décadas.
“La Ley 21.600 viene a ordenar una serie de instrumentos, regulaciones y procedimientos en materia de conservación de la biodiversidad del país. En particular, este proceso de sitios prioritarios responde justamente a esa necesidad”, explicó el subsecretario, precisando que los sitios prioritarios “han venido desarrollándose como política pública desde el año 2002, y con el tiempo se les han ido otorgando distintas regulaciones y efectos”.
Antes de la entrada en vigor de la Ley SBAP, existía una dispersión de criterios entre los sitios reconocidos en estrategias regionales y los nacionales, generando distintos efectos legales. La nueva normativa busca poner fin a esa fragmentación mediante la definición de un procedimiento ordinario —vía reglamento— y otro extraordinario, de consolidación, que recoge la experiencia acumulada.
Proaño puntualizó que “no se están generando sitios nuevos. Este proceso extraordinario tiene por objeto ordenar el sistema previo”, agregando que la definición de los 99 sitios deriva de los 350 reconocidos previamente en las estrategias de biodiversidad del país.
La autoridad enfatizó que el objetivo de esta fase no es excluir actividades, sino reconocer áreas con valor ecológico para focalizar políticas públicas. “Se trata de zonas con un valor especial por los servicios ecosistémicos que prestan o por albergar especies en algún grado de amenaza; por eso es fundamental relevarlos y armonizar su conservación con la actividad productiva”, dijo.
Impacto en la acuicultura, la pesca y otras actividades productivas
Ante las inquietudes manifestadas por diversos gremios productivos, el subsecretario fue enfático: “Los sitios prioritarios no son áreas protegidas y, por lo tanto, no tienen muchas de las limitaciones asociadas a ellas. Por ejemplo, no requieren plan de manejo”, aclaró.
En el caso de aquellos “proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental vigente o que cumplan con la legislación vigente, no enfrentan ningún tipo de limitación por encontrarse dentro de un sitio prioritario”, sostuvo.
Lo mismo aplica a la pesca artesanal y a los pequeños productores. “Cualquier pequeño minero o actividad productiva de menor escala que cuente con los permisos correspondientes —como sucede hoy— podrá continuar desarrollándose normalmente dentro de un sitio prioritario. Por tanto, no hay efectos restrictivos adicionales”, indicó.
A su juicio, la discusión pública ha estado marcada por interpretaciones parciales y temores infundados. “Nos ha llamado la atención que varias observaciones o críticas provienen de imprecisiones o desconocimiento sobre lo que realmente son los sitios prioritarios. Nuestra principal preocupación es explicar mejor el proceso para que se entienda que busca otorgar certezas y ordenar el sistema”.
El subsecretario insistió en que la iniciativa se basa en tres criterios técnico-científicos: representatividad de los ecosistemas, integridad ecológica y conectividad. “Se priorizaron ecosistemas en mayor grado de amenaza o con baja representación en áreas protegidas. Por ejemplo, en la zona central el bosque esclerófilo, muy afectado por la crisis climática e hídrica, debía ser priorizado”.
Para los sectores productivos, subrayó, este enfoque representa una oportunidad de planificación más clara. “La relevancia de los sitios prioritarios radica en su valor para la planificación ecológica. Es decir, se trata de reconocer áreas con un valor especial, disponer de mejor información sobre las especies presentes y aplicar instrumentos complementarios, como los pagos por conservar o las certificaciones ambientales”.
Participación, diálogo y certezas para el futuro
Debido a la magnitud del proceso y al interés que ha generado, el Ministerio del Medio Ambiente amplió la consulta pública en curso por 21 días hábiles adicionales, extendiéndola hasta inicios de diciembre. Durante este periodo, tanto la ministra como el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas sostendrán reuniones con actores sectoriales y territoriales.
“Nuestra absoluta voluntad es mantener un diálogo abierto y entregar respuestas claras. El llamado es a participar, formular observaciones y acompañar antecedentes, porque precisamente para eso existe este proceso: para abordar las inquietudes y alimentar el desarrollo posterior del reglamento, actualmente en consulta pública”.
El subsecretario señaló que este trabajo debe entenderse como parte de un proceso mayor de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. “Esperamos otorgar tranquilidad a los distintos sectores productivos y a la sociedad civil, reafirmando que este proceso se está llevando adelante de manera adecuada y que busca ordenar y dar certeza al sistema de sitios prioritarios que ya existía en el país”.
Certidumbre e inversión sostenible
Junto con entregar certeza jurídica, la Ley 21.600 abre paso a nuevos instrumentos que permitirán integrar la conservación con la economía verde. “La propia Ley SBAP incorpora una serie de incentivos, como certificaciones y mecanismos de pago por conservar o por servicios ecosistémicos, a los cuales se podrá acceder en el futuro. En eso estamos trabajando junto al Ministerio, avanzando en la creación de estos instrumentos”, explicó Proaño.
El subsecretario enfatizó que esta modernización del marco ambiental “permitirá conciliar de mejor forma la conservación con la actividad productiva en los sitios prioritarios hacia el futuro”.
En su visión, la nueva institucionalidad no solo brinda certeza, sino también oportunidades económicas. “Creo que lo que debiera suceder —especialmente en tiempos de crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación— es que la inversión que se desarrolle y que sea capaz de conciliar la protección del medio ambiente con la actividad productiva será la que tenga un valor especial”, sostuvo.
Agregó que “los mercados internacionales ya están reconociendo ese tipo de valor, y lo mismo ocurrirá con el consumo nacional en el futuro. Por lo tanto, las inversiones sostenibles no solo serán más competitivas, sino que además tendrán un reconocimiento creciente en los mercados”.
Proaño reiteró que el desafío del país está en avanzar hacia un desarrollo sustentable donde las actividades productivas convivan con la conservación. “De esta manera, será posible conciliar de mejor forma la conservación con la actividad productiva en los sitios prioritarios hacia el futuro”, concluyó.
Fotografías: B2B Media Group