A continuación reproducimos una columna de opinión publicada este lunes 8 de diciembre en Pulso:
«Las campañas presidenciales terminaron, la segunda vuelta dio un ganador. Luego los equipos ministeriales tendrán nombre y apellido. Hora de trabajar, bajo la expectativa de todo el país, pero especialmente de algunos sectores. Entre estos, el que agrupa a las más de 70.000 personas que trabajan en la segunda mayor industria exportadora: la salmonicultora.
¿Qué esperan? Definiciones claras del nuevo Gobierno y del Congreso. Porque los años pasan, y se han dictado leyes que terminan sin aplicación, prorrogándose un problema que crece como bola de nieve. Ven cómo la administración no logra salir del pantano de la burocracia que ella misma ayudó a crear. Un claro caso de parálisis por análisis.
Volvamos para dar contexto. La salmonicultura partió en la región de Los Lagos, en sus ríos, lagos y en los mares de Chiloé. Se enmarcó y reguló bajo el sistema de concesiones de agua de mar y fondo marino existente. No había en esa época regulación sobre los diversos usos del mar territorial, incluyéndose en el mismo «saco» las concesiones de puerto, las de cultivo de salmones, de moluscos o algas, con la misma tramitación.
Más de 35 años después, nos encontramos con que la industria se expandió a las regiones de Aysén y Magallanes. Las concesiones, luego de pasar los estudios de impacto ambiental, son otorgadas con un único criterio: el orden cronológico. Y como resultado, hubo concesiones que, a través de un mismo proceso, eran de excelente nivel productivo, sanitario y ambiental; otras mal ubicadas, en lugares con baja corriente y oxigenación; licencias para operar en áreas de baja profundidad y superficies muy variables. Es decir, un mismo trámite, en diversas épocas, entregó resultados heterogéneos e ineficientes.
Con el fin de corregir y ordenar, los últimos gobiernos han enviado al Congreso proyectos que buscan regularizar y ordenar el otorgamiento y uso de las concesiones de acuicultura. La fórmula es una reorganización territorial de las concesiones y luego, en base a criterios técnicos, determinar si es posible otorgar nuevas concesiones.
En efecto, en 2010, durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, inspirado por la reciente crisis del virus ISA, se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). Se estableció que las nuevas concesiones debían ubicarse en las denominadas «Áreas apropiadas para la acuicultura», de acuerdo con la Política Nacional de Uso del Borde Costero (vigente desde 1994). Creó también las «Agrupaciones de concesiones» -conocidas como «barrios»- y determinó los procedimientos para las condiciones sanitarias, ambientales y densidades de cultivo de salmones por concesiones y barrios. Se sentaron finalmente las bases para una industria responsable con el medioambiente, factible y sustentable en el largo plazo.
Pero para poder aplicar la ley, se requería que no se otorgaran nuevas concesiones. Por esto, tanto en la región de Los Lagos como en la de Aysén se suspendió por un período de dos años la tramitación de todas las concesiones de «peces» -no la de otras especies hidrobiológicas como algas o moluscos-, salvo aquellas que estuvieran en un estado avanzado. Además, en Los Lagos, todas las concesiones serían denegadas.
En estas condiciones, era posible iniciar el proceso de reubicación de las concesiones a lugares más aptos o fusionar concesiones, respetándose las superficies originalmente otorgadas. El objetivo era que todas fueran efectivamente útiles para producir salmonídeos. Sin embargo, dicha relocalización se volvió inviable, dado que durante esos dos años, empresas del sector solicitaron en toda la región de Aysén concesiones de algas y choritos, ocupando todos los espacios.
De esta forma, en 2012 el Gobierno realizó nuevas modificaciones para facilitar y dar curso al proceso de relocalización, postergando de nuevo el plazo autoimpuesto e incluyendo a la región de Magallanes, de forma de no cometer los mismos errores.
En 2015 se amplió el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y se volvieron a regular las condiciones para la relocalización de centros de cultivo: no podían sobreponerse con Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, parques y reservas marinas, parques nacionales, áreas marinas reclamadas por pueblos originarios, áreas donde hubiera presencia de banco natural o caladero de pesca o con sectores de interés turístico definidos en la zonificación respectiva. Las nuevas condiciones territoriales aún no se terminan de definir.
Así, durante más de siete años, la industria ha permanecido expectante. Esperando que el Estado regulador le dé la importancia que le corresponde como fuente de ingreso y trabajo. Se perdió la posibilidad de tener más y mejor producción, con efectos predecibles y controlables sobre el medioambiente, porque no hubo voluntad política ni capacidades técnicas apropiadas para iniciar y terminar adecuadamente el proceso de relocalización de concesiones.
Aparentemente, y no obstante los buenos resultados económicos, el tiempo se nos acaba para llegar a ser actores relevantes en la industria agroalimenticia mundial. Chile merece una industria salmonicultora moderna, que cuente con la información técnica apropiada para regularizar las concesiones existentes y empezar finalmente con el proceso de relocalización. La industria cruza los dedos para que esto finalmente se cumpla dentro de los cuatro años de Gobierno».