Empresas pesqueras de Perú participaron en un taller a cargo de una consultora internacional, respecto de la implementación del Decreto Legislativo 1352, que obliga a todas las personas jurídicas del vecino país a implementar un Programa de Prevención contra el Soborno, el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018.
Con esta implementación, las pesqueras contarán con un sistema de prevención y como consecuencia podrán eximirse de responsabilidad penal y administrativa ante los delitos cometidos por sus accionistas, directivos o personal.
Según la consultora, la decisión de implementar dicho programa de prevención le corresponde al directorio de las empresas, el mismo que debe supervisar su organización y cumplimiento en todas las áreas y niveles de la compañía para evitar posibles multas, infracciones o sanciones de índole penal.
Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú (SNP), Elena Conterno, sostuvo que el tema planteado por el Decreto Legislativo 1352 es relevante para tener un mejor gobierno corporativo en las compañías.
«Las empresas asociadas a nuestro gremio evaluarán al interior de su organización la exposición que tienen a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluidas sus acciones de filantropía y de responsabilidad social, y adoptarán medidas de prevención frente a los riesgos identificados», aseguró.