Durante la tarde de este martes 19 de enero, la Mesa de la Cámara de Diputados resolvió declarar admisible el proyecto de ley presentado por la bancada del Partido Comunista (PC) y la Izquierda Ciudadana (IC) que busca anular la Ley de Pesca (Ley N°20.657), conocida también como «Ley Longueira».
A juicio de la Mesa de la Corporación, y en consideración con lo estipulado en el artículo 65 de la Constitución Política, y artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el texto cumple con los requisitos para su admisibilidad. Estos son, según lo detallado en el sitio electrónico de la Cámara:
1. Proyecto fue presentado por ocho diputados sin exceder el máximo permitido;
2. Se refiere a una materia que puede tener su origen en la Cámara de Diputados;
3. No es materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República; y,
4. El proyecto está debidamente fundamentado.
Controversia
La admisibilidad de la iniciativa se produjo luego de dos semanas de dilatación de la Mesa presidida por el diputado Marco Antonio Núñez, quien detalló que ahora la moción pasará a la Comisión de Constitución que deberá revisar su contenido.
«La moción está debidamente fundamentada y esta mesa entiende que la declaración de nulidad de derecho público no corresponde a una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta», subrayó Núñez.
Tras conocer la decisión de la Mesa de la Cámara, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego, comentó que «en representación de la pesca industrial chilena, declaramos que la admisibilidad ilegal de la iniciativa del Partido Comunista que busca anular la Ley de Pesca, de prosperar, sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y a las leyes vigentes».
De igual manera, el gremialista dijo que si «esta admisibilidad ilegal llegara a aprobarse, se daría la señal de que en Chile se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de la Cámara de Diputados, institución fundamental de la República».
A los dichos de Orrego se sumaron los del presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, quien aseguró que «recurrirán a todas las instancias que permite la legalidad, en caso que se mantenga el proyecto en tramitación».
Por su parte, el diputado Ernesto Silva (UDI) acusó a Marco Antonio Núñez de «hacer trampa y exceder sus atribuciones al aprobar la admisibilidad sin someterlo a votación», y manifestó que podrían presentar una nueva censura en contra del presidente de la Cámara.
El diputado Gabriel Boric argumentó su voto a favor de la admisibilidad pidiendo que el proyecto pase a la Comisión de Pesca. «El que sea visto en la Comisión de Constitución implica que pase al olvido y eso sería inaceptable», enfatizó el legislador independiente por la Región de Magallanes.
Dicha petición fue aceptada y la comisión especializada también analizará el proyecto, precisó Marco Antonio Núñez; a lo que Luis Felipe Moncada comentó que «de remitir el proyecto a la Comisión de Constitución y, de considerarse admisible, a la de Pesca, es una forma de eludir un pronunciamiento tajante respecto a un proyecto claramente al margen de la constitucionalidad vigente. Esperamos que la Comisión de Constitución indique este vicio legal y no se tramite el proyecto. Este escenario es inédito, no tiene sustento jurídico y abre una puerta a la inseguridad jurídica de imprevisibles consecuencias», sostuvo el timonel de los industriales del centro-sur del país.
Consultado el diputado Daniel Núñez (PC), uno de los redactores de la iniciativa junto al diputado Hugo Gutiérrez (PC), el haber aceptado la admisibilidad «representa un acto de soberanía de la Cámara de Diputados frente al poder de grupos económicos como Corpesca, que recurrieron a actos ilícitos para apropiarse de recursos que son de todos los chilenos».
Lo tenso de la situación en la Cámara incluso llevó a que se postergara para este miércoles la votación del informe de la Comisión Caval.