El ejecutivo recordó que el gremio salmonicultor desde febrero de 2021 es parte de la Mesa Público-Privada que elabora el Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar y el Área de Reserva Kawésqar. Destacando que esta resolución, la 338 de Conaf, fue muy inesperada y los encontró de sorpresa. Porque no fue conversada con el trabajo que se venía haciendo.
La última resolución de Conaf luego echo pie atrás, ¿significó un retroceso en el trabajo de la mesa de trabajo?
Durante los meses de mayo y junio participamos del trabajo de tres mesas que hubo en la región; dos en Punta Arenas y una en Puerto Natales, por lo tanto, estábamos tranquilos que cualquier instancia de decisión o de avance de la reserva íbamos a ser contactados o a ser invitados a participar. Esta resolución nos desarmó un poco el esquema en que estábamos participando y creemos que no es la forma deben darse en el marco de un proceso participativo, y en un proceso en el que se traten de compatibilizar las distintas visiones productivas que existen en la región.
Valoramos también que la misma institución haya retrotraído el acto administrativo y quedamos expectantes de lo que se viene y de cuáles van a ser las condiciones en las que seguiremos trabajando.
¿Cómo es posible que una institución lleva a cabo este acto administrativo inconsulto afectando el trabajo de los demás intervinientes en la Mesa de Trabajo?
A nosotros no nos había tocado experimentar algo así. Como asociación gremial de Magallanes, estamos convencidos que son los propios territorios los que deben ir decidiendo los usos de su borde costero y un poco el futuro de su desarrollo productivo. Por eso es que estábamos medianamente tranquilos al momento de participar en estos procesos de la elaboración del Plan de Manejo. Y esta resolución nos llegó como un balde de agua fría, porque fue inconsulta y no se enmarca en la autonomía que hoy día están adquiriendo los territorios y sobre todo las regiones para poder ir definiendo e incidiendo en su desarrollo y sus lineamientos futuros.
¿Cuál es la evaluación del impacto del proyecto que crearía el servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
Estamos siguiendo este proyecto que se está viendo en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en su segundo trámite. Y es un proyecto que lleva un buen rato en tramitación, por lo menos unos ocho años, por lo menos desde el 2014 o 2015 en tramitación. La verdad que los escenarios han cambiado y han ido modificándose de manera bien dinámica. Nosotros, en cada uno de los escenarios, tenemos proyecciones y tenemos mediciones de impacto.
Solo para ejemplificar, en el Parque Nacional Kawésqar y el área de reserva la actividad salmonicultora ocupa menos del 1% del maritorio y la verdad es que las concesiones marinas otorgadas están entregadas en allí desde mucho antes que fueran áreas protegidas.
Consideramos que, al momento de reabrir y recategorizar las áreas de protección, esto nos genera una incertidumbre bastante importante. Sobre todo, porque en la región en un periodo de tres años se han invertido poco más de US$ 280 millones, solamente en proyectos acuícolas. Entonces, para nosotros las cifras son importantes y nos encantaría que esa inversión siguiera creciendo. Pero la verdad es que en estos escenarios de incertidumbre es compleja la inversión.
¿Considera que las regulaciones han propiciado la competitividad de la industria o la han ralentizado?
Nosotros como industria somos de las más reguladas y más fiscalizada. Solamente durante 2021, de las actividades de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente más de la mitad fueron fiscalizaciones a la industria acuícola. En Magallanes de las 131 fiscalizaciones efectuadas, la aprobación fue de más de un 99%. Por lo tanto, estamos súper conscientes que el desafío para la industria, más que sobreregular es generar instancias de diálogo e instancias de trabajo público-privada que permitan orientar y definir las vocaciones productivas de cada territorio. Y en eso para nosotros es fundamental que las regiones tengan un peso a la hora de tomar sus decisiones, mayor al que hubo al momento de dictar la resolución 338 de Conaf.
El ordenamiento territorial es una deuda por parte del Estado desde hace décadas ¿cómo se puede establecer un ordenamiento a nivel nacional o una política país sin afectar a los sectores productivos?
Hubo una licitación para un estudio de uso del borde costero en la región de Magallanes, el cual debería estar listo para ver el resultado de la licitación en los próximos días. Y ahí lo que hemos conversado con el gobierno regional es que vamos a estar sentados en la mesa como un usuario más del borde costero. Y la verdad es que nosotros consideramos que esa es la forma de desarrollar las vocaciones productivas territoriales de cada lugar.
Así que, en ese sentido, la política de uso de borde costero en Chile es una deuda y no se ha abordado. Creo que no se ha abordado porque cada territorio y cada localidad tienen características muy distintas a las otras. En una región puedes encontrar dos o tres vocaciones. Por ejemplo, la región del Biobío tiene una vocación portuaria y pesquera muy fuerte. Entonces, en una región se dan dos y hasta tres sectores productivos que son difíciles de coordinar.
Por ende, una política nacional a raja tabla considero que es difícil de hacer. Lo que sí considero un gran aporte es lo que se está haciendo a nivel de gobiernos regionales que es ir segmentando e ir viendo por sectores y por zona qué es lo que se acomoda a cada región. Por nuestra parte, vamos a estar siempre disponibles para participar de todas esas instancias.
Hace algunas semanas recién a una empresa le autorizaron las relocalizaciones de dos centros que venía tramitando desde hace diez años, ¿dónde se encuentran las principales trabas para agilizar el proceso de las relocalizaciones?
Eso también conlleva una dosis de incertidumbre que para la industria es muy alta. Somos unos convencidos que las relocalizaciones deben darse en un marco de diálogo con todos los estamentos que participan en el borde costero. Desde agrupaciones turísticas, pasando por pescadores artesanales, pueblos originarios, el sector productivo ya sea portuario, salmonicultor o pesquero.
En ese sentido nosotros consideramos que si no hay un trabajo de diálogo, si no hay un trabajo a largo plazo es difícil que tengamos resultados satisfactorios para todos los usuarios del borde costero. Y por eso estamos esperanzados en que el proceso de trabajo del borde costero de Magallanes que debiera iniciarse este año pueda ser un botón de muestra de cómo se deben hacer los estudios de los bordes costeros para replicarlos en otros territorios y localidades.
El “Maritorio Patagónico” ¿lo consideran como un sello característico en Magallanes, incluyendo a las comunidades?
Nosotros estamos convencidos que el salmón que producimos es de los mejores del mundo sino el mejor salmón del mundo. Con nuestra producción estamos llegando a más de 20 millones de raciones de proteína al año a distintos lugares del mundo. Esa producción y esos números solo son proyectables y solo pueden crecer y ser sustentables en la medida que se incorporen distintos actores que tienen que ver con el borde costero.
Tras la pandemia, ¿cuál es el impacto del sector en el empleo y desarrollo de la región?
Actualmente la salmonicultura solo en la región de Magallanes emplea de manera directa a más de 4 mil trabajadores. Nuestro trabajo significa más del 40% de las exportaciones de Magallanes, y cerca del 20% del Producto Interno Bruto regional. Por lo tanto, nosotros hoy día sabemos que tenemos un rol tanto productivo como social dentro de la comunidad, y que va más allá de entregar empleo. La verdad es que todos los balances que hemos hecho han sido positivos. La industria salmonicultora en Magallanes entregó un laboratorio para poder tomar PCR, lo cual fue muy bien recibido y consideramos que eso es parte de nuestras responsabilidades con la comunidad. Y sí es como también estuvimos presentes en el Chapuzón del Estrecho; vamos a estar en las Jornadas por la Rehabilitación, entre otras actividades.
¿Cómo se puede identificar más ciudadanía con la salmonicultura, así como en la agroindustria?
Tanto la industria minera como el sector agrícola en Chile llevan muchos más años. Hay que recordar que la industria del salmón es la última industria que se generó en Chile y en ese sentido nosotros como industria somos súper críticos de lo que ha ocurrido.
Estamos conscientes de los errores que se han cometido en pasado, y estamos trabajando en forma silenciosa, primero, en hacer las cosas bien; en tratar de hacer que las cosas tengan el menor impacto por ejemplo ambientales, en términos de la vida comunitaria y empezar a generar una identificación de la ciudadanía con una industria que es líder a nivel mundial y que es una industria 100% chilena. Y en ese sentido para nosotros es súper importante tener instancias para conversar con la ciudadanía. Por eso es que estamos interesados en participar en instancias que tengan que ver con la toma de decisiones a nivel regional.
Fotografía: Salmonicultores de Magallanes.