Información sobre los resultados obtenidos a la fecha desde su constitución en 2013, así como la operatoria de la institución y sus actuales deficiencias, entregó esta semana el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz Thorud, ante la Comisión del ramo de la Cámara de Diputados.
El superintendente explicó que, desde 2013, han recibido 5.319 denuncias, aproximadamente a una razón de 1.500 por año, siendo un 75% ya respondidas y un 43% terminadas. Además, dijo que se han abierto más de 22 mil expedientes de fiscalización, de los cuales más de doce mil han sido derivados a la División de Sanciones. De ese total, agregó, se concretaron 373 procedimientos sancionatorios, con 131 casos terminados y 104 sanciones.
Ahondó que a la SMA le toca fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental (15.177); los planes de prevención y descontaminación (13); las normas de emisión (27); las normas de calidad (14); y los programas de cumplimiento (150).
Según lo publicado en el sitio electrónico de la Cámara Baja. Franz explicó que la institución entra a operar cuando se presenta una denuncia por parte de la ciudadanía, por otros órganos del Estado o por los propios titulares (autodenuncia); por oficios de iniciativa propia, ante hechos públicos y notorios de alto riesgo ambiental; y por programas o subprogramas, que implican inspecciones programadas a lo largo del país, fijadas por resolución al inicio de cada año.
Luego, comunicó a los diputados en su presentación que la manera de fiscalizar se concreta a través de 
inspecciones en terreno, exámenes de información y análisis de mediciones y relató que el procedimiento sancionatorio consta de tres grandes fases:
1. Preinstrucción: incluye las etapas de fiscalización y denuncias; análisis y requerimientos adicionales; configuración de la eventual infracción y su nivel de gravedad; y la determinación final de formulación de cargos o desestimación (con su respectiva publicación).
2. Procedimiento sancionatorio: considera los descargos y la aplicación de la sanción (amonestación por escrito, multas de hasta 10 mil UTA por hecho, clausura temporal o definitiva o revocación de la resolución de calificación ambiental), así como el programa de cumplimiento (en este caso el procedimiento se suspende y la sanción puede quedar sin efecto).
El representante del Ejecutivo resaltó que la Superintendencia cuenta con 177 funcionarios, de los cuales 32 son fiscalizadores y 17 son instructores-abogados y, si bien reconoció que es «aún una institución joven (tres años)» y que sus ingresos han aumentado año a año a través de la Ley de Presupuestos, evaluó que la «actual dotación de personal es insuficiente para alcanzar el estándar de una institución fiscalizadora de un país como Chile, con el estado de desarrollo que tiene».
De igual manera, sostuvo que, como no tienen la capacidad de procesar todas las denuncias que ingresan año a año, se ven en la obligación de priorizarlas. Por esto, argumentó que optaron por «privilegiar aquellas denuncias que, al margen de cumplir con todos los requisitos legales, estan adecuadamente fundamentadas y tener suficiente mérito», digan relación con afectación directa a la población o situaciones que hayan generado un daño ambiental.
Si no se está frente a casos en ese nivel, especificó, se baja un escalón a situaciones de riesgo sobre estos dos puntos. «Son las dos premisas fundamentales con las cuales trabajamos. Queremos colocar los recursos con que contamos ahí donde es más urgente», enfatizó.
Reacciones
Al término de la sesión, que tuvo como objetivo analizar el actuar de la SMA frente a una serie de reclamos por tardanzas en respuestas a denuncias de organizaciones ciudadanas, el presidente de la Comisión de Medioambiente, diputado Marcelo Chávez (DC), observó que se pudo constatar precariedad en la gestión de soluciones, así como en el ámbito de las sanciones para proyectos que provocan daño ambiental.
«Hoy día la institucionalidad ambiental funciona, de alguna manera, con consistencia, pero de manera muy precaria. El superintendente señalaba que reciben cerca de 22 mil denuncias para 32 fiscalizadores en el país, esto quiere decir que no existe capacidad instalada para hacerse cargo de la fiscalización ambiental», evaluó.
Desde la Cámara de Diputados informaron que el mismo Chávez no descarta acudir a un cambio de ley para obtener sanciones más eficaces. «Probablemente vamos a proponer una modificación de ley, puesto que nos parece que un titular de un proyecto que ha sido descubierto que está faltando a la ley ambiental no puede quedar sin sanción. Que en el fondo no le suceda nada, eso no puede seguir pasando y eso es lo que queremos abordar a través de la modificación legal», precisó el legislador.
Por su parte, el diputado Juan Morano (DC), quien asistió a la comisión para representar el caso de isla Riesco y los reclamos por la lentitud de las soluciones, explicó que se trata de tres denuncias que ya llevan 14 meses, en que solo se ha contestado que hay indicios suficientes como para iniciar el proceso sancionatorio, pero donde el «proceso de sanción se encuentra en el limbo».
«Es efectivo que la Superintendencia del Medio Ambiente es una institución joven, tiene casi tres años; tiene poco personal, más aun en la Región de Magallanes donde ni siquiera está instalada como tal. Hay una persona que tiene que hacer de todo y, obviamente, esto no va hacia él, va hacia la institución como parte del Estado, que no está haciendo adecuadamente su tarea. La gente está muy preparada muy capacitada, pero no son suficientes y no pueden abordar la gran cantidad de casos», concluyó.
Finalmente, ambos diputados informaron que se acordó invitar a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del Medio Ambiente, Pablo Badenier, a fin de conversar cómo se puede fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado en materia ambiental. «Eso es lo que nos importa, puesto que hoy día existen muchas dudas respecto de la credibilidad institucional en materia ambiental para poder fiscalizar diversos proyectos que han sido anunciados por las organizaciones ciudadanas», sentenció Chávez.