La alianza se ha trazado una ruta para trabajar fuertemente en la certificación de pesquerías, persiguiendo el cumplimiento de estrictos estándares de sostenibilidad internacional.

“Mediante esta iniciativa (…) se ha logrado desarrollar indicadores que permitirán evaluar y monitorear los niveles de pesca ilegal en la pesquería de merluza común», explicó el subsecretario Julio Salas.

Los países participantes abordaron las amenazas para la salud, ecología, economía y gobernanza del océano, tales como: la acidificación; la basura marina y la contaminación; la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y la pérdida de hábitats y biodiversidad.

Asistieron más de seis mil participantes, entre ellos 24 jefes de Estado y de Gobierno, y más de dos mil representantes de la sociedad civil, abogando por acciones urgentes y concretas para hacer frente a la crisis de los océanos.

El Grupo de Expertos fue creado tras la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, con el fin de contar con un procedimiento de evaluación del estado de los mares mundiales al alero del organismo.

El objetivo del convenio es impulsar la pesca y acuicultura artesanal.

El anuncio, hecho por organizaciones de la sociedad civil, se basa en la mayoría de los estados miembros de la ONU.

La información, recopilada junto al MMA e IFOP para la “Global Biodiversity Information Facility”, es sobre el Didymo, una especie presente en cuerpos de agua dulce de la zona centro sur austral de Chile.

El documento contiene un resumen de los artículos emanados en el Estudio Mundial de Economía de Flota de Buques Pesqueros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.