Cerca de 300 trabajadoras de las plantas de proceso de la pesca industrial de la Región del Biobío marcharon, este martes 10 de mayo, por el centro de Concepción en protesta por los que califican «cambios profundos» que se buscan efectuar a la actual Ley de Pesca -conocida también como Ley Longueira- y que, según dicen, amenazan el empleo de 8.000 personas solo en dicha región, el 60% de las cuales labora en plantas.
Las trabajadoras, en su mayoría jefas de hogar, pertenecientes a plantas pesqueras de Tomé, Coronel y Talcahuano, marcharon hacia la Gobernación Provincial, donde fueron recibidos por la gobernadora Andrea Muñoz.
«El trabajo directo e indirecto que genera la pesca industrial en la región hoy se ve amenazado por los intentos de hacer reformas profundas a la Ley de Pesca. Existe gran incertidumbre sobre nuestro futuro laboral», afirmó la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip), Juana Silva.
En el caso de Tomé, «de eliminarse la pesca de arrastre, como lo plantea la moción de un grupo de legisladores, moriría la industria del langostino, y con esto los más de 650 empleos de mujeres jefas de hogar que hemos dedicado nuestra vida a esto», comentó la presidenta del Sindicato de Crustáceos de Camanchaca, Elena Fuentes.
Por su parte, la timonel de la Fesip complementó que «una mayor licitación de las pesquerías y entregar aún más cuota desde el sector industrial al artesanal (fraccionamiento), como también se busca, significará la pérdida de derechos históricos, sociales y económicos de los trabajadores, ganados durante décadas de lucha sindical», argumentó Juana Silva, añadiendo que quieren tener la «tranquilidad» de mantener sus puestos de trabajo, «pues, de perderlos, es muy difícil que tengamos la posibilidad de reinsertarnos en otra área productiva, y que nos asegure la tranquilidad económica que hoy nos ofrece la industria pesquera».
Silva manifestó que es «preocupante que, de todos los que abogan por modificaciones a la Ley de Pesca, ninguno ha planteado una alternativa socioeconómica, como un plan de mitigación social para las trabajadoras que procesamos los recursos pesqueros. Al parecer los beneficios sociales están reservados para el mundo artesanal», concluyó la representante de la industria pesquera.