A continuación, reproducimos una declaración emitida por Ricardo Flores Z., presidente del Sindicato Inter-Empresa de Tripulantes de Naves de Arrastre, referida al proyecto que pretende eliminar el arrastre para la captura de merluza común:
“A poco más de un año de la prohibición de la pesca de jibia para el sector industrial, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados votará este miércoles 6 de enero de 2021 el proyecto que pretende la eliminación de la pesca de arrastre sobre el recurso merluza común. Continúa así con su política de votar por lo que es más popular a los ojos de la opinión pública y no cumpliendo con su deber de legislar en beneficio del bien común de todos los ciudadanos y del país.
Si nos remontamos al episodio de la jibia, esta ley se aprobó en el Congreso sin los informes de los organismos científico técnicos que se requerían para estas materias; se dijo que esta ley iba en directo beneficio de los pescadores artesanales y de la sustentabilidad del recurso, cosa que no sucedió. Los pescadores artesanales vendían a las empresas pesqueras su pesca de jibia, cosa que ya no se hace debido a que los pescadores no han logrado capturar el recurso, lo que sí ha hecho la flota china que está arrasando con el recurso.
Por otra parte, el Estado dejó de percibir US$ 150 millones por patentes e impuestos asociados a la jibia que, dada la situación actual de la economía, habrían sido de gran ayuda para financiar en parte la pandemia que estamos atravesando.
En cuanto al proyecto de eliminación de la pesca de arrastre, ¿dónde están contempladas las medidas de mitigación para los trabajadores tripulantes de estas embarcaciones que dejarán de operar?, ¿cuál va a ser el destino laboral de todos los trabajadores ligados al rubro pesquero industrial?, ¿dónde están los estudios realizados por el barco científico Abate Molina u otro que concluyeran en la necesidad de aplicar esta medida como solución para la recuperación de esta pesquería en Chile?
Todos sabemos, incluidos los artesanales, que lo que está dañando el recurso merluza es la sobreexplotación a manos de la pesca ilegal y no a causa de la pesca industrial, ya que en ésta área la pesca está estrictamente regulada, es sustentable, ha cumplido todos los requerimientos de modificación y modernización exigidos por la autoridad competente y los volúmenes de captura se hacen de acuerdo a la cuota asignada para el sector y en fondos específicos y permanentes, denominados huella de arrastre.
Por ley, no existe el descarte en la pesca industrial. Se han implementado cámaras a bordo que monitorean toda la actividad extractiva y de almacenamiento de los recursos capturados y es el Sernapesca quien fiscaliza y analiza las grabaciones de la faena a bordo. Pero curiosamente el sector artesanal se ha negado a implementar estas cámaras en sus embarcaciones semi industriales.
Esto nos deja nuevamente en claro que el Congreso actúa de forma populista y pensando sólo en mantener sus privilegios y estatus social. El resultado de la aprobación de este proyecto será la cesantía más brutal de los últimos años en la región del Biobío. El Estado no se hará cargo de los trabajadores exonerados del sector. Un gran porcentaje de ellos se contagiarán buscando empleo en otro rubro en medio de la peor pandemia que nos azota. Cero divisas para el Estado, reactivación económica a muy largo plazo y el total abandono de miles de trabajadores que vemos con impotencia y rabia cómo nos están despojando del único capital que tenemos: nuestro trabajo. Nos han robado tanto, que hasta eso ahora nos quieren quitar”.
Quienes salieron del confort de sus casas y se instalaron en el Congreso a gozar de los mejores sueldos, asignaciones y regalías por las cuales no han hecho el más mínimo mérito, no tienen idea lo que es vivir del trabajo. Realmente no saben lo que hacen”.