Una nueva querella por el delito de pesca ilegal y asociación ilícita interpuso esta semana el abogado Remberto Valdés Hueche, en representación de un armador artesanal y dos pymes pesqueras de la zona de San Antonio (región de Valparaíso) que se han visto fuertemente perjudicadas por el copamiento de merluza “negra” o ilegal en los terminales pesqueros de varias regiones, pero en específico en el de Santiago, en donde acusan que operan «mafias». Denuncian ya no poder vender su producto “legal” debido a los precios irrisorios de este recurso sin acreditación que proviene de la región del Maule.
Hace unos días, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), también a través del abogado Valdés, patrocinó acciones legales de las mismas características ante el que califican como «descontrol del ilícito en varias caletas artesanales de la región del Maule», hechos que -sostienen- están llevando al colapso de este importante recurso pesquero y patrimonio gastronómico nacional.
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Remberto Valdés explicó que fue contactado por un armador artesanal y otras dos pymes pesqueras de San Antonio luego de enterarse por los medios de comunicación del ingreso de otras querellas que buscan enfrentar, por la vía judicial, este grave problema de sostenibilidad y sobreexplotación pesquera a la que está sometida la merluza por parte de «mafias» o asociaciones ilícitas.
«Estos armadores pesqueros me han señalado que actualmente la actividad pesquera formal está profundamente golpeada, pues han constatado cómo en el Terminal Pesquero Metropolitano (TPM) de Santiago llegan a diario camiones con merluza obtenida de manera ilegal, que provienen de la región del Maule, la que se vende a precios irrisorios, al punto que no puede competir en precios para vender sus productos. Incluso a veces han tenido que tomar la decisión de no salir a trabajar porque sus gastos de operación para la extracción y traslado superan los precios en que son vendidos en el Terminal», aseveró.
El abogado Remberto Valdés (en la foto) hizo suyo el con
texto que hace unos días expresó la Asipes respecto de la motivación para presentar estas acciones legales, subrayando que estas querellas “buscan el resguardo de los recursos pesqueros, de la protección del mar y de los propios pescadores artesanales honestos -como mis representados- que hoy sucumben frente a las mafias que controlan este negocio ilícito, destruyen los precios y los dejan sin posibilidad de trabajar”.
También llama la atención, dijo el abogado, que a pesar de que los delitos de pesca ilegal se encuentran tipificados en la Ley de Pesca, «no se tenga conocimiento de querellas o denuncias penales presentadas por la autoridad, teniendo las facultades para ello. Esto es particularmente grave cuando en lo propios comités de manejo del recurso merluza los propios representantes artesanales han señalado pescar unas 50 mil toneladas de pesca ilegal o fuera de cuota”.
Con esta acción legal, pescadores industriales, armadores artesanales y pequeñas pymes pesqueras se unen para buscar en los tribunales de justicia el control de este alarmante fenómeno delictivo-ambiental que en Chile está destruyendo con singular fuerza a la popular merluza común, añadió.
A su vez, Remberto Valdés volvió a reiterar que «estas enormes cantidades de pescado sin acreditación de origen legal (AOL), además de no pagar impuestos producto de su venta, generan dinero ‘negro’, el que se estima en unos US$60 millones, además de unos US$20 millones solo en evasión de IVA (impuesto al valor agregado)».
*La foto destacada es de contexto.