(La Voz de Galicia) España se ha marcado una hoja de ruta para su acuicultura. Desde el 8 de julio pasado dispone de un plan estratégico para garantizar el desarrollo ordenado y sostenible de una actividad que es la gran apuesta de Europa, o al menos de la hasta ahora comisaria de Pesca, Maria Damanaki.
El documento contó con el respaldo de la patronal de los acuicultores marinos españoles, Apromar, que decidió suscribir el plan aunque con muchas reservas, abultadas dudas sobre su eficacia y mayor desconfianza sobre su efectividad. Aplaude lo que es un texto programático excelente y que, probablemente, por su contenido y estructura, sea uno de los mejores de los 28 que deben presentarse a la Comisión Europea. En ese deben reside el problema.
La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar) está convencida de que España ha abordado este trabajo «a regañadientes», porque era un imperativo de la Política Pesquera Común (PPC). Y porque ya no tenía más tiempo por delante para hacerlo. Así es que el plan llega en horas de baja autoestima para el sector. Llega «en un momento crítico para la acuicultura española, que atraviesa un periodo de incertidumbre por su futuro, con un bloqueo prácticamente total en su crecimiento y desarrollo por motivos regulatorios y crecientes dificultades con las Administraciones públicas», expuso en un comunicado la patronal que preside Rodolfo Barrera.
Ese retraso tiene números. En tiempo, diez años. Pero en términos económicos hay que colocar tres dígitos ante los ceros de los millones que se han quedado en el tintero. La Apromar calculó que «la ineficiencia de las Administraciones públicas españolas competentes» en esta materia ha frustrado en el último decenio inversiones en acuicultura marina por valor de EUR$600 millones, así como la creación de 1.700 empleos directos y 2.500 inducidos.
Galicia, la más afectada
Ni qué decir tiene que Galicia ha sido una de las comunidades más afectadas. De esos EUR$600 millones, en torno a EUR$400 millones estaban planificados para suelo gallego. Suelo, porque casi todos los proyectos perdidos eran para cultivo en tierra de peces planos. En puestos, 300 directos y 700 indirectos.
En definitiva, que la capacidad de producción acuícola española podría haber sido hoy un 50% mayor. Y en el caso de la gallega, se superaría ese porcentaje. Sirva como ejemplo que la principal planta de cultivo de lenguado está hoy en Islandia porque su promotora, Stolt Sea Farm, no halló manera de situarla en Galicia, donde tiene su emporio de rodaballo.
Son varias las causas a las que la patronal achaca la parálisis del sector. Primero, al marasmo normativo que se ha tejido a lo largo de los años, que incluso ha infundido temor entre el funcionariado por verse implicados en una causa por prevaricación o delito penal, y a la «funesta» gestión autonómica. Así, denuncian que en Galicia la política acuícola se diseñó en función de la presión de las pancartas y la presión vecinal más que atendiendo a criterios de sostenibilidad.
Propósito de enmienda
Y lo peor, a su juicio, es que no aprecian propósito de enmienda. Pese a las directrices que llegan de Europa para despejar la pista de despegue para la acuicultura, ninguna Administración, ni siquiera la gallega, ha sido capaz de remover esos obstáculos. Los trámites burocráticos siguen siendo lentos, los procesos poco transparentes y la Administración pusilánime, de forma que «ante el más mínimo obstáculo paraliza un expediente». El golpe en la mesa que acaba de dar la acuicultura tiene un claro objetivo: espolear a Gobierno y comunidades para que al fin hagan una apuesta decidida por la acuicultura. Quieren tomar «el último tren», ese que llega cargado de Europa con EUR$6.000 millones (más US$1.000 millones para España) para invertir de aquí al 2020 en pesca y acuicultura.